Los gremios comunistas hostigaron a una estudiante hasta hacerle abandonar la carrera en el IPA

Tiene razón el senador en el fondo, aunque el rótulo exacto importe menos que la conducta: perseguir al que piensa distinto hasta expulsarlo de una institución pública es la definición operativa de todo totalitarismo, tenga el color que tenga. Y acá el color es conocido.

La hipocresía como método

Para dimensionar el cinismo de los gremios que hoy hostigan a Cabrera, conviene recordar qué entienden ellos por “censura” y “persecución”. En agosto de 2022, cuando las autoridades de la ANEP taparon las pintadas que el gremio había hecho en la fachada del IPA, el Ceipa emitió un comunicado indignado: tapar un muro era “censura”, parte de un “programa de persecución” contra compañeros “por llevar adelante su actividad sindical”.

Léalo de nuevo. Pintar por encima de un grafiti: censura intolerable. Hostigar a una compañera de clase con fotos y mensajes en cadena hasta que abandona la carrera: silencio absoluto. Ni un comunicado, ni una autocrítica, ni una palabra. Para el aparato gremial, la libertad de expresión es un monopolio: la suya está protegida hasta en los muros ajenos; la de Cabrera termina donde empieza la incomodidad de la asamblea.

No es un caso aislado: es el sistema operativo del IPA

Quien conozca el IPA sabe que el caso Cabrera no es una anomalía sino la versión visible de un régimen interno que se denuncia hace años. En 2022, durante las ocupaciones contra la reforma educativa del gobierno anterior, casi 200 estudiantes llegaron a organizarse para oponerse a la medida votada por el Ceipa, que había costado 29 días de clase perdidos. Aquellos estudiantes describieron ante Teledoce un clima que hoy suena profético: el ambiente dentro del IPA para quienes se oponen a la ocupación “se ha tornado hostil”. Estudiantes con notas casi excelentes que abandonaron parciales; compañeros que decidieron recursar el año entero. Ese es el costo académico real que la asamblea jamás contabiliza.

La aritmética del secuestro institucional es igual de elocuente. Una de las ocupaciones históricas del IPA se votó 138 a favor, 26 en contra y 3 abstenciones: menos de 170 votantes decidiendo por un instituto con más de 4.600 matriculados. El 96% del estudiantado no participa de la asamblea que le clausura el instituto, le hace perder el semestre y le hipoteca la carrera. Y si alguno de ese 96% se atreve a decirlo frente a una cámara, ya sabe lo que le espera: pregúntenle a Lucía Cabrera.

El patrón se repite con cualquier gobierno: ocupaciones en 2018, 2022, 2023, 2024 y 2026. Cambia el pretexto —la reforma de Da Silveira ayer, los “títulos de cartón” de Caggiani hoy—, pero el método es invariable: clausurar, sacrificar los días de clase de todos, y administrar el disenso mediante el miedo. En 2022 hizo falta que la Policía desalojara los centros para que se pudiera volver a clase; los legisladores del Frente Amplio, en lugar de acompañar a los miles de estudiantes rehenes, se hicieron presentes en los centros ocupados para darles “garantías” a los ocupantes. La cadena de protección política del aparato funciona a pleno: el gremio ocupa, el partido lo escuda, y el estudiante que quiere estudiar no tiene a nadie.

El detalle que lo agrava todo

Todo esto ocurre en el instituto que forma a los profesores de Secundaria del país. Los mismos espacios gremiales que dicen defender la educación pública contra su “desvalorización” practican, puertas adentro, la negación exacta de lo que un docente debe transmitir en un aula: pluralismo, debate, tolerancia al disenso. La pregunta es tan incómoda como inevitable: ¿qué van a enseñar sobre democracia y convivencia los egresados de una institución cuya cultura interna consiste en escrachar a la compañera que discrepa hasta que abandona? El aparato no solo está destruyendo la carrera de una estudiante: está fabricando en serie la cultura autoritaria que después se derrama sobre los liceos de todo el país.

Lo que tiene que pasar ahora

El Codicen prometió investigar. Que investigue, con nombres, plazos y consecuencias públicas. Pero que nadie se engañe: el problema no se agota en un expediente. Lo que está en juego es si el Estado uruguayo tolera que, dentro de sus propias instituciones, un aparato político-gremial ejerza el monopolio del miedo. Tres cosas mínimas se imponen:

Primero, protección efectiva y visible para Cabrera y para cualquier estudiante que denuncie: si ella termina fuera del IPA y sus hostigadores adentro, el mensaje para los miles que piensan como ella será que tenían razón en callar. Segundo, la regulación de las ocupaciones en formación docente: una asamblea de 150 militantes no puede clausurar indefinidamente los derechos de 4.600 estudiantes; el derecho a protestar de unos termina donde empieza el derecho a estudiar de todos. Tercero, llamar a las cosas por su nombre: esto no es “interna estudiantil” ni “clima de conflicto”. Es persecución ideológica dentro de una institución pública financiada por todos los uruguayos, ejecutada por un aparato gremial que responde a un proyecto político, y protegida por el silencio cómplice de quienes deberían garantizar la libertad de todos.

Lucía Cabrera hizo la pregunta correcta: ¿por opinar en contra hay que aceptar ser tratada de “facha” hasta abandonar los estudios? Uruguay entero tiene la obligación de responderle. Y la respuesta no puede ser otro comunicado: tiene que ser el fin de la impunidad del aparato.