Esta Rendición de Cuentas 2026 no es un trámite lejano. Es una decisión concreta que le saca dinero al pequeño comerciante, al trabajador y a cualquier uruguayo que produce, vende o ahorra. Vamos a explicarlo paso a paso, sin rodeos.
El gobierno aumenta las transferencias para niños de los hogares de menores ingresos. Hasta $10.000 mensuales por niño en los dos grupos de ingresos más bajos, bajo el nombre de Asignación Única. Nadie discute que ayudar a esos niños es bueno. El problema está en cómo se paga esa ayuda.
Una parte importante del financiamiento es quitar la exoneración del IMESI a los autos eléctricos. Desde el 1 de enero de 2027, esos vehículos pagarán un 5 % o un 9 % más de impuesto, según su valor de importación. No es un impuesto nuevo: es la eliminación de una exoneración que existía desde 2021. Resultado práctico: el auto eléctrico se encarece. Quien pensaba comprarlo —un comerciante que necesita un vehículo de trabajo, una familia que estaba ahorrando— ahora paga más. Esa diferencia sale directamente de su bolsillo.
La otra parte del financiamiento son reestimaciones al alza de tres impuestos que ya existían. El Ministerio de Economía calcula que va a recaudar más de lo previsto. El Consejo Fiscal Autónomo, un organismo técnico e independiente, dijo que esas estimaciones son “inciertas” y que hay riesgo de sobreestimación. Aquí aparece el problema central.
Si las proyecciones no se cumplen, el Estado se queda con un agujero. Ese agujero se tapa de tres maneras posibles, y en las tres paga la gente:
Subiendo impuestos. Más carga sobre el comerciante, el profesional o el asalariado.
Aumentando la deuda pública. Hoy se gasta, mañana se pagan intereses. Esos intereses salen de los impuestos futuros que pagará el pueblo.
En los tres casos —más impuestos, más deuda o más emisión— quien termina pagando es el pueblo uruguayo: el pequeño comerciante que ve subir sus costos, el trabajador cuyo salario pierde poder de compra y cualquier persona que produce valor.
Los números muestran el tamaño del problema. Los egresos primarios del Estado ya rondan el 29 % del Producto Interno Bruto. En 2005 eran 21,3 %. Casi tres de cada diez pesos que se producen en el país pasan por manos públicas. Según explicó el ministro Oddone el 30 de junio de 2026, el total incremental para 2027 es de $3.200 millones ($2.000 millones ya estaban votados y $1.800 millones son reasignaciones internas). El Resultado Fiscal Estructural cerró 2025 en –3,9 % del PIB y la meta para 2026 es –4,0 %. El gasto tributario de 2025 llegó al 6,9 % del PIB. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió con claridad: no hay margen para expansiones permanentes de gasto sin una compensación real, y los ajustes por el lado del gasto dañan menos la actividad que subir impuestos.
Ahora viene lo más importante, explicado con claridad.
Primero: el lenguaje. Llaman “gasto tributario” a lo que el fisco no cobra. Es una forma de hablar que cambia por completo el sentido de las cosas. Presupone que el dinero pertenece primero al Estado y que dejarlo en manos de quien lo generó es una generosidad, un “gasto” que el Estado hace. Es convertir el derecho de propiedad en una merced que el poder puede quitar cuando quiera. La exoneración del IMESI no era un gasto público. Era, simplemente, no arrebatar. Al eliminarla, el Estado recupera una potestad de cobrar. El mismo razonamiento se aplica al 6,9 % del PIB que aparece como gasto tributario: gran parte de esa cifra nunca salió del bolsillo de quien la produjo. Presentarla como algo que el Estado “recupera” legitima la idea de que el punto de partida natural es cobrar lo máximo posible.
Segundo: lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es la transferencia a los niños. Es concreto, tiene nombre y apellido, genera fotos y discursos. Lo que no se ve es todo lo que deja de ocurrir. El capital que no se forma. El auto que no se compra porque ahora es más caro. La inversión que no llega porque el mensaje es que las reglas fiscales pueden cambiar cada año. El puesto de trabajo que no se crea. Cuando el Estado saca recursos del sector privado, esos recursos dejan de estar disponibles para que el pequeño comerciante reinvierta, contrate o amplíe su negocio. El Estado no crea riqueza. Solo la traslada. Y en el proceso destruye incentivos. El comerciante lo siente en el mostrador: menos clientes con poder de compra, más presión impositiva, menos previsibilidad.
Tercero: se está consolidando gasto permanente con un financiamiento frágil. Si las proyecciones optimistas fallan, la factura llega siempre al mismo lugar: el bolsillo de quien trabaja. Más impuestos, más deuda o más emisión monetaria no son palabras abstractas. Significan que el sueldo rinde menos, que el crédito es más caro y que el almacén, el taller o el kiosco enfrentan un entorno más hostil.
Por eso esta Rendición debió votarse en contra. No porque ayudar a los niños esté mal, sino porque se financia con recursos inciertos, se apoya en la idea de que el ingreso privado es una merced del Estado y agranda un aparato que ya se lleva casi el 30 % de lo que el país produce. La gente de a pie no puede esperar indefinidamente resultados que no llegan. Lo que sí llega, siempre, es la factura: el bien más caro, el impuesto que aparece, la inflación que roe el ingreso y el empleo que no se crea.
La riqueza nace del esfuerzo voluntario de las personas, no del decreto ni de la transferencia. Cuando el Estado olvida eso, quien termina pagando es el pueblo uruguayo entero: el pequeño comerciante, el trabajador y cualquiera que produce valor con su trabajo.
Hay un punto adicional que también debe explicarse con claridad. Esta misma Rendición de Cuentas introduce cambios en la ley de medios que amplían el poder del Estado sobre las licencias de radio y televisión. Se modifican los requisitos para otorgarlas, se endurecen las condiciones de titularidad y se facilitan mecanismos que permiten al Poder Ejecutivo intervenir o retirar licencias ante determinados incumplimientos. En la práctica, esto concentra más discrecionalidad en el Estado para decidir quién puede emitir y quién no. Cuando el gobierno tiene mayor capacidad de quitar una licencia de radio o de TV, los medios independientes y los periodistas sienten la presión. La libertad de expresión no se defiende solo con declaraciones: se defiende cuando el poder no tiene herramientas fáciles para silenciar o condicionar a quienes informan y opinan. Cada avance del Estado sobre las licencias es un avance sobre el espacio de la crítica y del disenso.
