Andrea Tuana Nageli, nació el 4 de julio de 1969, en Montevideo.
Es la cabeza desde hace muchísimos años la ONG (Organización No Gubernamental) ultra feminista radical "El Paso", que bajo la mascarada de "defender los derechos humanos" y "los derechos de las infancias", ha hecho un negocio turbio con las denuncias falsas de "violencia de género".
El Paso es una ONG con personería jurídica que simula defender a las mujeres que padecen violencia, pero es una máquina de succionar dinero de los contribuyentes uruguayos.
El pretexto es siempre el mismo, "defender a los más débiles de la sociedad", a las "mujeres víctimas de violencia de género" a "los niños y niñas maltratados y maltratadas", y cuestiones por el estilo.
El propósito es celebrar con distintos organismos estatales para cobrar dinero de los contribuyentes.
La nefasta ley 19.580
La ley 19.580 de "violencia de género", se aprobó en 2017 durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.
Es una ley absurda, inconstitucional, e injusta, que barre con la presunción de inocencia de los varones, y otorga a la mujer que realiza una simple denuncia privilegios y beneficios.
La ley 19.580, además de terminar con la presunción de inocencia de la mitad de la población, todos los varones de todas las edades, le otorga a la denunciante el privilegio de cobrar 12 sueldos de su denunciado.
Es decir que la mujer que inventa una denuncia falsa, al cabo de un juicio, puede cobrar 12 sueldos del hombre que padeció esa denuncia falsa.
Supongamos que un señor cobra un sueldo de $100.000 mensuales. Si ese hombre es víctima de una denuncia falsa de violencia de género, la mujer que lo denunció falsamente cobrará $1.200.000 al cabo del juicio.
Ya que es la ley 19.580 la que señala que la denunciante cobrará 12 sueldos del denunciado, aunque no tenga pruebas de que padeció violencia.
La industria de la denuncia falsa
La ONG de Tuana, como tantas otras organizaciones feministas radicales, tienen su mayor fuente de financiamiento del Estado, es decir del dinero que los contribuyentes que pagan impuestos.
El esquema es el siguiente: una mujer quiere denunciar falsamente a su novio, marido, o ex pareja, la ONG feminista le brinda asesoramiento "gratuito", donde se encargan de todo.
Al cabo de un juicio ese hombre es condenado y, entre otras sanciones, se le impone que le abone 12 sueldos a la mujer que le realizó la denuncia falsa.
Siguiendo con el ejemplo anterior, ese hombre le pagará a quien lo denunció falsamente $1.200.000.
De este monto la ONG feminista cobra una "comisión", qué ronda el 20%. En este ejemplo, la ONG feminista que asesoró en la denuncia falsa cobrará $200.000.
Cómo se aprecia, es un negocio redondo. Se incita a mujeres a que hagan denuncias falsas de "violencia de género" contra hombres inocentes, y cuando este varón es condenado judicialmente la mujer que realiza la denuncia falsa cobra, y también cobra la ONG feminista que se prestó a esta maniobra sucia.
Este negocio siniestro de la denuncia falsa funciona en Uruguay desde 2017 cuando se aprobó la ley 19.580.
Esta es la prueba fundamental de por qué todas las organizaciones feministas, sin excepción, defienden dicha norma y se niegan a cualquier tipo de modificación.
Gracias a esta ley y a las denuncias falsas de violencia de género, cobran su "comisión".
