El Ministro del Interior, Carlos Negro, lo dijo clarito en declaraciones con la Televisión Pública: las cárceles uruguayas son uno de los centros operativos desde donde se planifican y ejecutan estafas telefónicas y digitales. Lo reconoció sin vueltas. Pero cuando llegó el momento de actuar, se echó atrás. “No está permitido el uso de telefonía dentro de las cárceles”, repitió como un mantra. Y sin embargo, los presos siguen con celulares en la mano. Los inhibidores de señal no funcionan. Y las estafas siguen saliendo por las rejas como si nada.
Miren los números, sin anestesia. Las denuncias por estafas y ciberdelitos explotaron: pasaron de 1.333 en 2013 a más de 31.144 en 2024. Un aumento de más del 2.000%. En 2025 cerraron con alrededor de 26.182 casos (estafas más fraudes informáticos), una caída leve del 16,7% respecto al año anterior, pero con un crecimiento histórico de más del 1.250% en una década. La tasa por cada 100.000 habitantes saltó de 55,8 a 729,5. Ya son el tercer delito más denunciado del país, solo detrás de hurtos y rapiñas. Y una parte importante de ese negocio sucio se cocina adentro de las prisiones.
