El Ministro del Interior, Carlos Negro, lo dijo clarito en declaraciones con la Televisión Pública: las cárceles uruguayas son uno de los centros operativos desde donde se planifican y ejecutan estafas telefónicas y digitales. Lo reconoció sin vueltas. Pero cuando llegó el momento de actuar, se echó atrás. “No está permitido el uso de telefonía dentro de las cárceles”, repitió como un mantra. Y sin embargo, los presos siguen con celulares en la mano. Los inhibidores de señal no funcionan. Y las estafas siguen saliendo por las rejas como si nada.
Miren los números, sin anestesia. Las denuncias por estafas y ciberdelitos explotaron: pasaron de 1.333 en 2013 a más de 31.144 en 2024. Un aumento de más del 2.000%. En 2025 cerraron con alrededor de 26.182 casos (estafas más fraudes informáticos), una caída leve del 16,7% respecto al año anterior, pero con un crecimiento histórico de más del 1.250% en una década. La tasa por cada 100.000 habitantes saltó de 55,8 a 729,5. Ya son el tercer delito más denunciado del país, solo detrás de hurtos y rapiñas. Y una parte importante de ese negocio sucio se cocina adentro de las prisiones.
Uruguay tiene récord histórico de presos: más de 16.000 privados de libertad, tasa de 477 por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina y entre las 15 peores del mundo. El hacinamiento supera el 120% en la mayoría de los centros. La reincidencia no baja del 60-68%. Siete de cada diez liberados vuelven a delinquir en menos de tres años. Y el costo para el contribuyente es brutal: solo los reincidentes le cuestan al Estado unos 132 millones de dólares por año. ¿Y qué hace el gobierno? Reconoce el problema… y deja que los presos sigan con celulares.
Cada recluso tiene entre tres y cuatro teléfonos, según denuncias reiteradas. Con esos aparatos organizan estafas millonarias, extorsionan, venden datos robados y operan como verdaderas “pymes del delito” desde adentro. Las víctimas son uruguayos comunes: jubilados, trabajadores, familias que pierden sus ahorros con un mensaje falso o una llamada “del banco”. El ministro dice que hay que combatirlos “más con educación y prevención que con represión”. Traducción: palabras bonitas mientras los delincuentes siguen con wifi y señal dentro de la cárcel.
