Crece la criminalidad y las autoridades públicas no dan respuesta a la escalada de violencia.
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Lo que ocurrió en la madrugada del domingo 16 de noviembre de 2025 en la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Uruguay no fue un hecho aislado ni una sorpresa impredecible.
Dos hombres en moto llegaron hasta el edificio administrativo en el centro de Montevideo, en la esquina de Cerro Largo y Andes, dispararon seis veces contra la fachada, rompieron un vidrio con una piedra y dejaron una nota amenazante: “Ojo x ojo la próxima va pa tu auto con tu familia adentro”.
La misiva iba dirigida, presuntamente, a la directora del INR, Ana Juanche, y no solo marca la presencia de un grupo criminal, sino que envía un mensaje claro: el poder del Estado está siendo desafiado en sus propias instituciones.
Este tipo de eventos no surge de la nada. Requiere meses, cuando no años, de acumulación de tensiones dentro de las cárceles; necesita complicidad o, en el mejor de los casos, una vulnerabilidad institucional que permita el crecimiento de bandas organizadas; exige la ausencia de control territorial interno y la inexistencia de inteligencia penitenciaria efectiva.
En resumen, necesita exactamente lo que Uruguay ha ofrecido a las organizaciones delictivas durante la última década: tolerancia implícita, desinversión crónica y un sistema penitenciario que, en lugar de rehabilitar, se ha convertido en caldo de cultivo para el narcoterrorismo.
INR
Durante años se ha permitido que las prisiones uruguayas se transformen en centros de mando de grupos como “Los Albín” o facciones vinculadas al narcotráfico. Se ha tolerado el cobro de “vacunas” a internos, el control de pabellones por líderes criminales, la entrada de celulares y hasta el uso de drones para comunicaciones externas.
Cada traslado de presos de alto perfil —como el reciente de Diego Fernández Albín, líder de una banda del Cerro, a una cárcel de máxima seguridad— genera represalias inmediatas, como este atentado, que las autoridades vinculan directamente a esas medidas.
No es la primera vez: hace once meses, un ataque similar dejó una carta contra el entonces director, Luis Mendoza, y este incidente llega apenas un mes y medio después del atentado con granada contra la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, lo que pinta un patrón de escalada violenta contra el aparato judicial y penitenciario.
La falta de inversión es criminal en sí misma. Uruguay destina recursos insuficientes por interno en comparación con estándares regionales, lo que se traduce en hacinamiento —con tasas superiores al 120% en algunas unidades—, personal desbordado y tecnología obsoleta para escanear entradas o monitorear comunicaciones internas.
El INR, responsable de la política penitenciaria, carece de un sistema de inteligencia robusto que prevenga la infiltración de bandas, y los “pactos de no agresión” informales con líderes carcelarios han erosionado la autoridad estatal.
INR
Este ataque no es solo contra un edificio: es un asalto a la institucionalidad uruguaya. Para revertirlo, se necesita más que repudios: una inversión urgente en personal capacitado, tecnología de vigilancia y, sobre todo, una inteligencia penitenciaria que desmantele las redes criminales desde adentro.
De lo contrario, el mensaje de las bandas —“la próxima va pa tu auto con tu familia adentro”— no será solo una amenaza, sino una profecía autocumplida. Uruguay, cuna de estabilidad en la región, no puede permitirse que sus cárceles sean el nuevo frente de guerra contra el Estado.
