El ministro de Economía, Gabriel Oddone, informó a las cámaras empresariales que el crecimiento del PIB uruguayo en el primer trimestre del año será de apenas 0,3 %. Con crudeza gráfica, resumió la situación: “Estamos remando en dulce de leche”. Al mismo tiempo, adelantó que el Gobierno prepara nuevas medidas para intentar mejorar el panorama económico.
Esta baja tasa de expansión no surge de un shock externo aislado, sino que refleja problemas estructurales acumulados. El Estado consume una porción muy elevada de los recursos disponibles, lo que limita la capacidad de ahorro e inversión privada. Datos recientes muestran que el gasto público consolidado se ubica alrededor del 33 % del PIB, mientras que la recaudación tributaria representa cerca del 27,4 % del PIB. El déficit fiscal del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social cerró 2025 en torno al 3,7 % del PIB (o 4,1 % sin ingresos extraordinarios del Fideicomiso de la Seguridad Social), y el resultado consolidado del sector público superó en algunos cálculos el 4,9 % del PIB.
Estas cifras implican que casi un tercio de la riqueza generada anualmente pasa primero por las manos del Estado. Cada peso que se destina al gasto público desplaza recursos que podrían haberse orientado hacia proyectos productivos genuinos. Los impuestos elevados reducen las ganancias retenidas de las empresas, encarecen la contratación de personal y desincentivan la innovación y la expansión. Los costos se transmiten luego a los precios finales, afectando el poder adquisitivo de las familias.
Oddone ha reconocido explícitamente que Uruguay “difícilmente pueda ser un país barato” debido al tamaño del Estado y al modelo de provisión pública de servicios. Esta afirmación pone en evidencia cómo el intervencionismo estructural eleva los costos de producción en toda la cadena y reduce la competitividad internacional.
El crecimiento potencial de la economía uruguaya se ha estancado en torno al 1,5-2 % anual en los últimos años. Tras el rebote post-pandemia, la expansión se ha moderado notablemente. En 2025 el IMAE registró un crecimiento interanual cercano al 1,8 %, por debajo de las expectativas iniciales del propio Gobierno. Esta dinámica genera un círculo donde la inversión privada se mantiene tibia, el emprendimiento enfrenta barreras elevadas y el progreso se vuelve lento y esforzado.
Las “medidas” anunciadas por el ministro siguen el patrón habitual: ajustes marginales, simplificaciones burocráticas o incentivos selectivos. Sin embargo, mientras no se aborde de raíz el tamaño excesivo del Estado, la alta carga tributaria y las regulaciones que distorsionan las señales de precios, estos anuncios tienden a agregar nuevas capas de intervención en lugar de liberar la capacidad productiva.
La experiencia muestra que las economías donde el Estado ocupa un espacio más reducido permiten mayor ahorro voluntario, mayor acumulación de capital y una coordinación más eficiente entre productores y consumidores. En Uruguay, en cambio, el Estado actúa como un competidor directo por los recursos escasos, lo que explica el esfuerzo constante de “remar en dulce de leche”.
El dato del 0,3 % en el primer trimestre no es un episodio coyuntural aislado. Es la manifestación lógica de un modelo donde el intervencionismo crónico desplaza la inversión productiva y frena el avance natural de la riqueza. Mientras predomine la idea de que el progreso económico se logra mediante planes oficiales en lugar de surgir de la acción libre y coordinada de los individuos en el mercado, la economía seguirá avanzando con dificultad, contra una corriente artificial generada por el propio peso del aparato estatal.
Solo reduciendo el gasto público innecesario, aliviando la presión tributaria y eliminando barreras regulatorias se podrá permitir que el ahorro se transforme en capital productivo y que los precios reflejen la realidad sin distorsiones. De esa manera, el remo dejaría de hundirse en el dulce de leche para avanzar con mayor fluidez sobre aguas más libres.
