En Montevideo, decir “Casavalle” ya no es solo nombrar un barrio. Es pronunciar una emergencia.
Los números de 2025 son tan crudos que no admiten eufemismos: la cuenca de Casavalle cerró el año con una tasa de 36,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces por encima del promedio nacional (que ronda los 9,5-10 por 100.000 según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior).
Las muertes
Traducido a la vida cotidiana: en Casavalle se mata cuatro veces más que en el resto del Uruguay.
Y eso solo contando los homicidios consumados. Si se suman los intentos, las balaceras, los heridos de arma de fuego, los robos con violencia y la extorsión narco, la sensación de sitio permanente deja de ser “percepción” para convertirse en diagnóstico.
Los vecinos lo dicen sin rodeos: “Acá manda la delincuencia”. No es una frase de campaña ni un titular sensacionalista.
Es el resumen que hacen madres que no dejan salir a sus hijos después de las seis de la tarde, comerciantes que pagan “peaje” para poder abrir la persiana y adolescentes que saben perfectamente en qué esquina no hay que parar porque “es boca de venta”.
El Estado retrocedió
El Estado, en los hechos, retrocedió. Hay presencia policial, sí, pero intermitente y casi siempre reactiva: llega después del tiroteo, no antes.
Las cámaras de videovigilancia ayudan a esclarecer algunos casos, pero no previenen nada cuando los delincuentes actúan a cara descubierta y con armas largas.
La escuela pública perdió territorio; hay cursos que terminan a las 4 de la tarde porque después “se pone pesado”.
Los ómnibus desvían recorridos o directamente no entran a ciertas zonas cuando cae el sol.
