A los uruguayos no nos gusta la corrupción; nos cae mal, venga de donde venga. Claro, seamos honestos: si ocurre en nuestras tiendas políticas, solemos barrer el tema bajo la alfombra en público.
Pero en privado, entre amigos o en círculos de confianza, nos preguntamos: ¿Cómo nos pasó? ¿Cómo no los vimos venir? ¿No sabíamos que era así? Es una incomodidad latente, una herida que no mata, pero que infecta.
La corrupción no suele mover votos directamente, pero desgasta. Primero impacta en la militancia: gente desencantada que deja de participar, de convencer, de sostener esa maquinaria diaria que mantiene vivo al sistema político. Todas esas pequeñas "abstenciones militantes" se convierten, tarde o temprano, en votos perdidos.
En Uruguay, la corrupción más común es de manual: robar para la corona, usar el aparato estatal para alimentar estructuras partidarias o electorales. Le podríamos llamar corrupción "corsaria". Nos indigna, sí, pero no nos mata. Es casi funcional al sistema. Pero el caso Feldman es otra cosa.
Es una herida mucho más profunda, un nivel de corrupción que roza lo intolerable: armas, pólvora, planes para fabricar bombas, documentos falsos, y una intención evidente de subvertir el orden democrático.
Feldman no acumulaba armas para robar un banco; las juntaba para destruir nuestra forma de vida. No eran planes de ambición económica, sino de terror. Tenían más de mil armas, máquinas para recargar munición, y un arsenal digno de una guerra prolongada. No estamos hablando de simples delitos; estamos hablando de un intento organizado de construir una fuerza clandestina que actuara desde las sombras.
