A los uruguayos no nos gusta la corrupción; nos cae mal, venga de donde venga. Claro, seamos honestos: si ocurre en nuestras tiendas políticas, solemos barrer el tema bajo la alfombra en público.
Pero en privado, entre amigos o en círculos de confianza, nos preguntamos: ¿Cómo nos pasó? ¿Cómo no los vimos venir? ¿No sabíamos que era así? Es una incomodidad latente, una herida que no mata, pero que infecta.
La corrupción no suele mover votos directamente, pero desgasta. Primero impacta en la militancia: gente desencantada que deja de participar, de convencer, de sostener esa maquinaria diaria que mantiene vivo al sistema político. Todas esas pequeñas "abstenciones militantes" se convierten, tarde o temprano, en votos perdidos.
En Uruguay, la corrupción más común es de manual: robar para la corona, usar el aparato estatal para alimentar estructuras partidarias o electorales. Le podríamos llamar corrupción "corsaria". Nos indigna, sí, pero no nos mata. Es casi funcional al sistema. Pero el caso Feldman es otra cosa.
Es una herida mucho más profunda, un nivel de corrupción que roza lo intolerable: armas, pólvora, planes para fabricar bombas, documentos falsos, y una intención evidente de subvertir el orden democrático.
Feldman no acumulaba armas para robar un banco; las juntaba para destruir nuestra forma de vida. No eran planes de ambición económica, sino de terror. Tenían más de mil armas, máquinas para recargar munición, y un arsenal digno de una guerra prolongada. No estamos hablando de simples delitos; estamos hablando de un intento organizado de construir una fuerza clandestina que actuara desde las sombras.
El caso Feldman es otra cosa porque revela no solo una trama de corrupción, sino también de complicidad e impunidad. ¿Qué pasó con esta organización? ¿Por qué no se investigaron desde el inicio los posibles vínculos con las dos únicas organizaciones clandestinas armadas en la historia reciente de Uruguay: el MLN-T y el PCU? La omisión es evidente y escandalosa.
Para colmo, tres de los actores involucrados en el encubrimiento de este caso tuvieron carreras meteóricas. El Dr. Jorge Díaz, quien sostuvo que Feldman tenía "síndrome de Diógenes" y acumulaba armas por mero trastorno psicológico, pasó a ser Fiscal de Corte. Si no fuera tan grave, sería ridículo.
Luego está el fiscal Perciballe, quien pasó a ser la estrella de la fiscalía especializada en "delitos de lesa humanidad". Somos el único país del mundo con una fiscalía para delitos que, según la propia Suprema Corte de Justicia, jamás se cometieron aquí. Los delitos de lesa humanidad solo pueden ser cometidos contra civiles, y los integrantes de organizaciones armadas no lo son.
¿Y qué pasó con el teniente que entró a la casa de Feldman? Curiosamente, después de dejarlo toda una noche quemando evidencia, tuvo un ascenso fulgurante y hoy trabaja cómodamente en la Intendencia de Montevideo.
El caso Feldman debería llamarse Feldman-Mazzeo, porque las conexiones entre ambos episodios son demasiado evidentes como para ignorarlas. Existen pruebas suficientes que vinculan a estas organizaciones con dinero supuestamente legitimado a nombre del padre de Mazzeo, quien, aunque muchos no lo sepan, fue integrante del MLN-T junto con su hermano, y ambos pasaron una larga temporada en prisión por ello.
Sin embargo, nada de esto se investiga. Nuestra justicia, reformada y deformada bajo la dirección del Sr. Díaz, parece estar diseñada no para esclarecer la verdad, sino para mirar hacia otro lado.
El caso Feldman no es un tema del pasado. Es del presente. Las fuerzas que lo encubrieron siguen tan activas y poderosas como hace 15 años. Los uruguayos sabemos cuál es la verdad. Actuemos en consecuencia.
