La condena a 12 años de penitenciaría impuesta a Moisés Martínez es un escándalo jurídico y moral. No es una sentencia contra un homicida cualquiera: es la revictimización final de un joven que, después de décadas de terror intrafamiliar, hizo lo que el Estado uruguayo se negó rotundamente a hacer durante años: proteger a su familia de un depredador sexual condenado.
Carlos Martínez, el padre, fue sentenciado en 2010 por un delito continuado de atentado violento al pudor contra su propia hija Sara, quien denunció más de 60 abusos sistemáticos desde que tenía 12 años. La pena dictada fue de tres años y dos meses. Cumplió apenas uno y medio. Salió libre por “buena conducta”. El mismo sistema que hoy castiga con dureza a Moisés decidió, hace quince años, que un abusador serial de menores merecía volver a la calle y convivir con sus víctimas. Esa decisión no fue un error técnico: fue una complicidad activa.
Porque cuando la Justicia libera a un violador de su propia hija después de cumplir menos de la mitad de una pena ya de por sí ridícula, está enviando un mensaje claro: los abusos sexuales intrafamiliares no son tan graves. El dolor de las víctimas, las secuelas psicológicas, el terror cotidiano, todo eso vale menos que la “buena conducta” de un monstruo. La liberación anticipada de Carlos Martínez no fue un acto de misericordia; fue una sentencia de muerte lenta para su familia. Fue la garantía de que el infierno continuaría.
Moisés Martínez creció en ese infierno. Golpes, amenazas, abusos a sus hermanas, un clima de terror constante. La defensa demostró en juicio que el joven sufrió un “trauma complejo” y un “colapso emocional” tras enterarse de nuevos detalles de los abusos días antes del hecho. No fue un homicidio premeditado por odio: fue la explosión de alguien que vio, una vez más, que el Estado no iba a protegerlo. El padre estaba allí, libre, impune, y la Justicia —la misma que lo había soltado— seguía mirando para otro lado.
Y ahora esa misma Justicia, a través de la jueza María Noel Odriozola, le niega a Moisés el “perdón legal” del artículo 36 del Código Penal. Reconoce los años de violencia, reconoce el contexto de abusos, pero decide que no es suficiente para eximir de responsabilidad. ¿Qué más necesitaba ver la magistrada? ¿Que el padre siguiera abusando? ¿Que otra hermana terminara destrozada? ¿Que Moisés se suicidara de desesperación?
