La cárcel de Domingo Arena (Unidad N° 8 del INR) alberga actualmente a unos 32 o 35 ex militares, ex policías y civiles condenados por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período cívico militar (1973-1985).
A través de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad encabezada por Ricardo Perciballe, decenas o tal vez cientos de sediciosos (principalmente tupamaros y comunistas), acusaron sin pruebas a militares, policías, y a algunos civiles por supuestos delitos cometidos entre 1973 y 1985.
Las supuestas pruebas contra quienes se encuentran en la prisión de Domingo Arena son testimonios de las presuntas víctimas.
Por ejemplo, un individuo que señaló que en 1974 se encontraba detenido en tal unidad militar, y que en ese lugar fue maltratado por el alférez fulano o por el mayor mengano.
En base a eso la Fiscalía elabora una imputación contra un militar que posteriormente es ratificada por un juez.
Testigo amañados
Se presentan "testigos" que están preparados, que también se suman a "identificar" a que tal militar maltrató a tal detenido en un cuartel en determinado año.
Estos testigos generalmente pertenecieron a la banda terrorista Tupamaros, o al Partido Comunista, que en plena democracia tenía un aparato armado ilegal.
Desde el punto de vista jurídico penal las imputaciones y condenas realizadas a los detenidos en Domingo Arena no tienen sustento.
La Ley de Caducidad
Además, el Parlamento votó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en 1986, norma que impide llevar ante los tribunales a supuestos delitos cometidos en el período cívico militar.
