El buque de bandera panameña Spiridon II navega de regreso al puerto de Montevideo con 2.901 bovinos a bordo después de permanecer 25 días anclado frente al puerto turco de Mersin, sin poder descargar su carga.
Lo que iba a ser una operación comercial rutinaria se convirtió en una tragedia evitable que pone en evidencia, una vez más, los costos ocultos de la burocracia estatal y el monopolio de las certificaciones sanitarias.
¿Qué pasó realmente?
El barco zarpó el 23 de octubre desde Montevideo con destino a Turquía para engorde. Las autoridades turcas rechazaron el desembarque por dos motivos principales:
-Irregularidades en la documentación sanitaria internacional.
- Un conflicto comercial entre el importador turco y el exportador uruguayo que dejó sin efecto el contrato original.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó que los certificados veterinarios emitidos por el Estado uruguayo no cumplían con los requisitos exigidos por Turquía.
Es decir: el papel que el funcionario público firmó y cobró no servía para nada.
Durante casi cuatro semanas, los animales agotaron el alimento previsto. Se reportan al menos 40 muertes confirmadas, terneros nacidos en alta mar, hacinamiento extremo y un nivel de estrés que organizaciones animalistas califican de “infierno flotante”.
El regreso durará entre 20 y 25 días más. Sin un milagro logístico, la mayoría no llegará viva.
El verdadero culpable no es el mercado, es el Estado
Este no es un “fracaso del capitalismo cruel”. Es el clásico ejemplo de cómo la intervención estatal genera tragedias que después se usan para pedir… ¡más intervención estatal!
1. El MGAP tiene el monopolio absoluto de los certificados sanitarios internacionales.
Ningún exportador privado puede emitirlos ni contratar un laboratorio independiente.
Si el certificado estaba mal, ¿por qué lo firmaron y dejaron salir el barco? El empresario pagó tasas, inspecciones y confiaba en que el papel del Estado valía algo. Resultó ser papel mojado. El Estado cobró por un servicio que no prestó correctamente y ahora se lava las manos.
2. La regulación paraliza y genera incentivos perversos. En un mercado libre, exportador e importador negocian directamente el formato del certificado y asumen el riesgo contractual.
Con el sistema actual, ambos dependen de la ventanilla estatal que tarda, se equivoca y nunca responde por sus errores.
