U“El sistema de reparto obliga a una generación a financiar los privilegios de otra. No es previsión: es una transferencia forzada.”
Ludwig von Mises
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) se cae a pedazos. El déficit es insostenible, las reservas alcanzan para unos meses más, y las soluciones que se discuten en el Parlamento parecen una tragicomedia con guion repetido: subir aportes, crear nuevos impuestos y pedirle plata al Estado. La vieja receta. El mismo resultado.
Pero este no es solo un problema financiero. Es un síntoma. La Caja es, en realidad, un espejo del modelo que la parió: un sistema estatista, obligatorio y monopolizado que presume cuidar al profesional mientras le impide decidir sobre su propio futuro.
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La pregunta es inevitable: ¿cómo se llegó hasta acá?
La respuesta es simple y brutal. Como tantas otras cajas, la CJPPU fue concebida como un sistema de reparto. No ahorra, no capitaliza. Lo que entra, sale. Lo que aportan los activos hoy, se paga a los pasivos de hoy. Es una pirámide legal. Mientras haya más gente entrando que saliendo, sobrevive. Pero cuando eso se invierte, como pasa ahora, estalla.
Y entonces llega la “reforma”.
¿En qué consiste? En obligar a los profesionales activos a aportar aún más. En hacerle un descuento a los jubilados —sí, a los jubilados— sobre lo que ya reciben. Y en pedirle al Estado que ponga dinero. ¿Y qué es el Estado? Todos los contribuyentes, incluidos los que no tienen nada que ver con esta caja. En otras palabras, castigar a los que producen, otra vez, para sostener una estructura fallida.
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Desde una perspectiva liberal, esto no solo es ineficiente. Es inmoral.
Porque no hay contrato libre, ni posibilidad de salir. Hay coacción. El profesional no puede elegir. No puede irse a otra caja, ni armar su propio fondo, ni invertir por su cuenta. Está atrapado. Y ahora, además, tiene que pagar más.
