U“El sistema de reparto obliga a una generación a financiar los privilegios de otra. No es previsión: es una transferencia forzada.” Ludwig von Mises
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) se cae a pedazos. El déficit es insostenible, las reservas alcanzan para unos meses más, y las soluciones que se discuten en el Parlamento parecen una tragicomedia con guion repetido: subir aportes, crear nuevos impuestos y pedirle plata al Estado. La vieja receta. El mismo resultado.
Pero este no es solo un problema financiero. Es un síntoma. La Caja es, en realidad, un espejo del modelo que la parió: un sistema estatista, obligatorio y monopolizado que presume cuidar al profesional mientras le impide decidir sobre su propio futuro.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se llegó hasta acá?
La respuesta es simple y brutal. Como tantas otras cajas, la CJPPU fue concebida como un sistema de reparto. No ahorra, no capitaliza. Lo que entra, sale. Lo que aportan los activos hoy, se paga a los pasivos de hoy. Es una pirámide legal. Mientras haya más gente entrando que saliendo, sobrevive. Pero cuando eso se invierte, como pasa ahora, estalla.
Y entonces llega la “reforma”.
¿En qué consiste? En obligar a los profesionales activos a aportar aún más. En hacerle un descuento a los jubilados —sí, a los jubilados— sobre lo que ya reciben. Y en pedirle al Estado que ponga dinero. ¿Y qué es el Estado? Todos los contribuyentes, incluidos los que no tienen nada que ver con esta caja. En otras palabras, castigar a los que producen, otra vez, para sostener una estructura fallida.
Desde una perspectiva liberal, esto no solo es ineficiente. Es inmoral.
Porque no hay contrato libre, ni posibilidad de salir. Hay coacción. El profesional no puede elegir. No puede irse a otra caja, ni armar su propio fondo, ni invertir por su cuenta. Está atrapado. Y ahora, además, tiene que pagar más.
¿Y el jubilado? Tampoco se salva. Después de años de aportes obligatorios, le cobran de nuevo. Como si le dijeran: “gracias por participar, pero necesitamos un poco más”.
Ahora bien, alguien podrá señalar que la Caja ha invertido parte de los fondos recaudados, y es cierto. Esas inversiones incluso permitieron sostenerla por un tiempo más. Pero eso no cambia la esencia del modelo. Porque no hay capitalización individual, ni propiedad sobre lo invertido, ni derecho del afiliado a elegir cómo se administra su ahorro. Se invierte, sí. Pero sin libertad. Se gestiona, pero sin consentimiento. Y eso no es previsión, es paternalismo forzado.
Lo peor es que todo esto se presenta como un “rescate”. Pero es un rescate del aparato, no de las personas. El sistema se protege a sí mismo. Y lo hace, como siempre, con dinero ajeno.
Hay que decirlo sin rodeos: esto no es solidaridad, es servidumbre.
La solución no está en remendar el modelo, sino en cambiarlo de raíz. ¿Qué pasaría si la afiliación fuera voluntaria? ¿Si existiera competencia entre cajas, fondos privados o cooperativas de previsión? ¿Si cada profesional pudiera elegir libremente cómo y con quién organizar su jubilación?
Lo que pasaría es lo que ocurre en cualquier otro mercado: aparecerían mejores ofertas, mayor eficiencia, más cuidado por el cliente. Porque quien no está obligado a quedarse, puede irse. Y ese derecho es la base de toda libertad.
Bismarck, creador del sistema de reparto
El liberalismo no propone abandonar a nadie. Propone dejar de tratar a las personas como menores de edad. Cree en la responsabilidad, no en la expoliación. En la libertad, no en la obediencia fiscal. En contratos voluntarios, no en “reformas” impuestas desde arriba.
La Caja de Profesionales no necesita un parche. Necesita una alternativa. Una salida. Una revolución silenciosa que devuelva el poder a donde siempre debió estar: en las manos de quienes trabajan, producen, ahorran y piensan en su propio futuro.
La verdadera reforma no es un decreto. Es una puerta abierta.
