Argentina achica el Estado y la izquierda uruguaya entra en pánico

El 23 de mayo de 2025, el gobierno argentino oficializó, mediante el Decreto 351/2025, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de organismo descentralizado a desconcentrado. En términos simples y concretos: dejó de sostener una estructura administrativa propia —con contadores, liquidadores, personal de compras y demás tareas duplicadas— y pasó a recibir esos servicios desde una unidad centralizada del Estado. ¿El resultado? Ahorro de dinero público sin tocar ni una sola de sus funciones esenciales.

«Se había dado una proliferación de organismos descentralizados en la administración pública nacional. La diferencia entre un desconcentrado y un descentralizado es que el descentralizado duplica todo el “back office”: contabilidad, liquidación de sueldos, compras; una burocracia infernal que podría usarse de las áreas centrales. Un organismo desconcentrado mantiene su independencia funcional, pero descansa en el back office centralizado para su administración. Esto redunda en importantes ahorros sin afectar en lo más mínimo el cumplimiento de las tareas del organismo», expresó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Sin embargo, esta decisión —necesaria y urgente en un país que intenta salir de una de las peores crisis económicas de su historia, con una pobreza que llegó a alcanzar el 55%— hizo entrar en pánico a la izquierda uruguaya. ¿El motivo? El ADN de los familiares de los detenidos desaparecidos uruguayos se encuentra almacenado en el Banco de Datos Genéticos de la República Argentina, en Córdoba.

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La única memoria que defienden es la del presupuesto

Desde nuestro propio país, Alejandra Casablanca, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia (SDHPR), salió a desinformar desde TV Ciudad: «lo único que faltaba era reducir el presupuesto para el Banco Nacional de Datos Genéticos y ya lo anunció». Falso. Tan falso como hipócrita.

El BNDG seguirá con las mismas funciones. Así lo detalla el comunicado del Gobierno argentino en su página oficial: «seguirá trabajando en el análisis de material genético para esclarecer casos de delitos de lesa humanidad y conflictos de filiación, pero sí modifica su estructura interna y el modo en que se eligen sus autoridades. A partir de ahora, el Director General Técnico y el Subdirector Técnico serán seleccionados por concurso público, con requisitos específicos en genética forense, garantizando así idoneidad profesional y transparencia en la gestión».

Lo que cambia es que ya no tendrá que mantener una mini estructura estatal dentro de sí mismo, como si fuera un ministerio aparte. Contabilidad, compras, sueldos: todo eso ahora se gestiona de forma centralizada, evitando gastar millones en burocracia innecesaria. No hay un "recorte del presupuesto", como la izquierda intenta imponer: es eficiencia. Es sentido común. Es respetar el esfuerzo del contribuyente argentino y eliminar gastos innecesarios.

Cómo impone su relato la izquierda uruguaya con dinero público

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado argentino se expresa claramente: «con este decreto, el gobierno de Javier Milei refuerza su política de achicamiento del Estado, buscando eficiencia sin desatender funciones sensibles como la identificación de personas desaparecidas y la investigación de crímenes de lesa humanidad».

No hay un ataque a los derechos humanos. Por el contrario: hay una defensa del ciudadano común que, con muchísimo esfuerzo, contribuye para sacar a la Argentina adelante. Después de años de despilfarro, el pueblo argentino tiene derecho a que se proteja su bolsillo y se desmantele de una vez por todas una burocracia que sólo existe para justificarse a sí misma.

Prensa ensobrada: sobrefacturación y militancia disfrazada de periodismo

TV Ciudad se tiene que privatizar ya

La promoción del discurso hegemónico de izquierda desde los medios públicos se ha tornado una costumbre asquerosa. El discurso de Alejandra Casablanca, exdirectora general de TV Ciudad, en el programa La Letra Chica es un claro ejemplo.

Los uruguayos de bien están obligados a sostener con su sacrificio cuevas de propaganda de izquierda, ¿hasta cuándo vamos a seguir bancando con nuestros impuestos estas máquinas de adoctrinamiento?

Mientras en la vecina orilla la libertad avanza, en Uruguay se destinan millones de dólares de los contribuyentes para mantener un medio de comunicación plagado de operadores políticos con micrófono.

Uruguay también necesita terminar con la casta.