La opinión de Felipe Villamayor
Uno de los grandes dogmas de nuestra era –quizás el que conlleve las mayores consecuencias de tipo legal y social– es la obligación de rendir pleitesía a todo individuo percibido como una “víctima”.
Este dogma se ha instaurado a través de la imposición normativa y vertical de la ideología de lo “políticamente correcto”, con el objetivo, según sus principales defensoras, de reparar “desigualdades históricas” que habrían sufrido los integrantes de colectivos minoritarios.
Paradójicamente, esta lógica ha convertido a las supuestas víctimas en ciudadanos con un estatus legal y social superior al del resto; ahora, en función de su color de piel o de su sexo, pueden aspirar a cargos institucionales o a recibir un trato diferencial por parte del aparato legal y burocrático-estatal.
El caso Queimada
Traigo esto a colación porque, hace un par de meses, el periodista Esteban Queimada calificó a la ex candidata a diputada Yessy López como no apta para desempeñarse en la función pública, refiriéndose a ella como una "negra, ex candombera, tatuadora, ex gato e ignorante de mierda".
Queimada justificó sus calificativos citando declaraciones de la propia López, quien, en una conferencia de prensa, al ser consultada sobre los motivos por los cuales deseaba ocupar una banca en diputados, respondió de forma muy elocuente: “Por hacer algo por nuestra cultura… Hacer algo por los que necesitan más… Poder llegar desde nuestro lugar como artistas a hacer algo… La verdad no sé mucho de política, se me presentó esta oportunidad y no la voy a dejar pasar…”
Y, dado que la antedicha mujer presenta características que la hacen acreedora de su carnet de víctima (el hecho de ser negra, conchaportante y saber bailar uno de los peores géneros musicales de la historia), se le concede la prerrogativa de concurrir a fiscalía y usar la ley para generar toda esta suerte de teatrillo desagradable y bochornoso, propio de regímenes totalitarios.
No creo sorprender a nadie al señalar lo orwelliano de esta situación. En nombre de salvaguardar vagas abstracciones como el “amor”, la “igualdad” y la “inclusión”, unos pocos actores se arrogan el derecho de emplear el aparato coercitivo y desmoralizante del Estado para acallar cualquier foco de crítica e incomodidad.
No hay dudas de que Queimada está en el horno desde el punto de vista legal, mas no desde el filosófico.








