La inseguridad en Uruguay sigue creciendo a pasos agigantados desde hace muchos años.
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En la noche del 13 de enero de 2025, la ciudad de Treinta y Tres se vio azotada por un brutal acto de violencia que nos recuerda la creciente inseguridad en nuestro país.
Un episodio que no solo enluta a la comunidad olimareña, sino que también pone en evidencia la falta de políticas efectivas en seguridad por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Según los informes de la destacada periodista local Laura Vaz, el ataque ocurrió en la esquina de Andrés Areguati y Julián Álvarez, en el corazón del norte de la capital departamental. Allí, en la puerta de un comercio, un grupo de personas fue sorprendido por un vehículo desde el cual se desataron múltiples disparos.
El saldo: dos hombres, de 30 y 40 años respectivamente, fueron asesinados a sangre fría, mientras que una joven de 21 años, embarazada, resultó herida de bala en una pierna.
Patrullero policial
El ataque, perpetrado alrededor de las 21:30 horas, fue ejecutado por dos individuos encapuchados que descendieron de una camioneta y abrieron fuego sin piedad.
En el lugar del crimen, la Policía Científica encontró cerca de una decena de casquillos de bala calibre 9mm, testimonio mudo de la ferocidad del acto.
Hasta el momento, no se han realizado detenciones, lo que solo añade a la sensación de impunidad que se respira en el aire.
La falta de mano dura
Este incidente es un claro ejemplo de cómo la falta de una política de mano dura ha permitido que la violencia se desate en nuestras calles.
El presidente Lacalle Pou, en su negativa a adoptar métodos probados como los del presidente Bukele en El Salvador, ha dejado a Uruguay a merced de criminales. Mientras Bukele ha logrado reducir significativamente la criminalidad con una estrategia firme y sin contemplaciones, aquí seguimos viendo cómo las vidas de nuestros ciudadanos se pierden en balaceras sin sentido.
Comparación con Bullrich
En Argentina, Patricia Bullrich, con su enfoque de "mano dura", ha mostrado resultados palpables en la lucha contra el crimen, implementando políticas que no solo disuaden a los delincuentes sino que también restituyen la confianza del ciudadano en su seguridad.
En contraste, bajo la administración de Lacalle, la seguridad pública ha sido manejada con guantes de seda, permitiendo que episodios como el de Treinta y Tres se conviertan en la norma en lugar de la excepción.
¿Dónde está la reacción?
¿Dónde está la reacción contundente del gobierno? ¿Dónde está el compromiso de proteger a los ciudadanos?.
La respuesta, tristemente, parece ser que no existe. Mientras Treinta y Tres y otros departamentos del interior son una carniceria, la política de seguridad sigue anclada en un idealismo que no se condice con la cruda realidad de las calles uruguayas.
No podemos permitir que la violencia se apodere de nuestras ciudades, que las familias vivan con miedo y que la sangre inocente se derrame en nuestras esquinas.
Es hora de exigir a nuestros líderes que tomen decisiones valientes, que se inspiren en modelos exitosos y que protejan verdaderamente a los uruguayos.
