Una directora renunciante señaló que fue el ministro de Trabajo quien ordenó establecer las partidas salariales.
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La Caja está fundida hace años y a mediados de 2025 el Parlamento aprobó un salvataje para que los actuales jubilados puedan cobrar, ya que no había dinero para hacer los pagos.
Partidas salariales ilegales
El Directorio aprobó pagar partidas salariales a pesar de que la ley lo prohíbe. Estas partidas se votaron el 16 de enero con 4 votos a favor y 2 en contra.
La División Jurídica de la Caja advirtió que la medida presenta un "indicio claro de ilegalidad", ya que la ley establece que estos cargos deben ser honorarios.
Renuncia de delegados
El 20 de enero los dos representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio presentaron su renuncia tras la polémica generada por su voto a favor de la medida.
El Gobierno del Frente Amplio aceptó estas renuncias de inmediato. Lo que se interpreta es que en realidad fueron echados del Directorio por el propio gobierno.
Carta de renuncia
La decisión fue duramente criticada por legisladores de los partidos de la oposición, y por el colectivo de afiliados, dado que la Caja atraviesa una situación financiera muy crítica, que ha obligado a aumentar los aportes de los profesionales este mismo año 2026.
Ante el rechazo generalizado, la aplicación de la partida monetaria quedó en suspenso mientras se evalúa su anulación formal.
Apuntan a Castillo
Una de las delegadas del Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti, apuntó al ministro de Trabajo Juan Castillo, del Partido Comunista, como el responsable de que los directores de la Caja cobrarán la partida de $131.000 mensuales.
En su carta de renuncia dirigida al propio Castillo, fechada el 16 de enero, Sanguinetti responsabiliza al ministro Castillo como quien tomó la determinación de que en la Caja de Profesionales los directores deben cobrar una partida dineraria, a pesar de que el cobro está expresamente prohibido por ley.
Castillo y su Partido se pavonean de ser austeros y de cuidar los recursos públicos.
Caja de Profesionales
Sin embargo hace todo lo contrario. Al igual que su correligionario Óscar Andrade que estuvo durante al menos 10 años sin pagar los tributos por su chalet del balneario San Luis, en Canelones, el ministro de Trabajo ordena pagar partidas salariales en una Caja jubilatoria que está totalmente fundida.
Hasta el momento Juan Castillo no ha querido dar explicaciones públicas por su decisión.