Por: Federico Ventura
En un país donde la transparencia y la competencia deberían ser la ley, la industria vinícola uruguaya se encuentra sumergida en un lodazal de cartelización que afecta a todos, desde los productores hasta los consumidores.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), un organismo que debería ser el guardián de la justicia en el sector, se ha convertido en un nido de intereses propios que benefician a unos pocos a costa de muchos.
El Inavi, con su poder para fijar el precio de la uva, no solo manipula el mercado, sino que también deja a los pequeños productores sin chances de competir.
Intervención estatal
Esa intervención, supuestamente para estabilizar el mercado, termina siendo una herramienta de control total, donde las grandes bodegas se llenan los bolsillos mientras los pequeños viven al filo de la navaja.
Y como si esto fuera poco, implementan tasas al consumo y la importación de vino para financiar su propia burocracia.
Esto hace que el vino uruguayo sea más caro en su propio país que en Chile, donde puedes comprar la misma botella un 40% más barata.
