Por Diego Andrés Diaz para Extramuros.
Fue noticia hace unos meses que: la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) inició acciones judiciales contra padres de una comunidad menonita de Florida por “no enviar a sus hijos a la escuela”.
La crónica informó que el “colectivo menonita de 11 niños” no asisten a centros públicos y privados, además de que “…la votación de este miércoles fue particular para el usual quorum del ámbito colegiado.
El consejero nacionalista Juan Gabito fue el único que se opuso en la definición, ya que tanto la presidenta de ANEP, la colorada Virginia Cáceres Batalla, la consejera Dora Graziano, y los dos consejeros en representación de los docentes, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, votaron a favor de avanzar con las acciones judiciales contra los padres…”.
Mucho se escribió y dijo de la noticia, mucho se escribirá y dirá de este o nuevos episodios de una batalla histórica entre el poder del estado y la sociedad civil.
El factor que subyace a todo esto son una serie de viejos y fundamentales debates, la libertad de los individuos y también, ciertas nefastas vacas sagradas que la institucionalidad uruguaya sigue defendiendo con uñas y dientes.
Pulpo centralista
Estamos frente a uno de los tantos brazos del pulpo centralista. El centralismo político como fenómeno liberticida de la sociedad tiene en el capítulo educativo una larga y nefasta Historia, plagada de violencia, autoritarismo, manipulación, adoctrinamiento y control.
En este caso local, además, opera y actúa sobre una sociedad como la uruguaya donde el jacobinismo instrumental es doctrina nacional, y al ser una comunidad religiosa la cuestionada, dispara automáticamente en buena parte de la población la típica actitud antirreligiosa, anticristiana y anticlerical que son adoctrinamiento obligatorio en el sistema educativo nacional y que ha logrado imponer lo deseable que es que el Estado le quiebre las piernas a toda expresión libre de la sociedad organizada, más si es una religión.
Y este tipo de sobrerreacción centralista del Estado solo desnuda el terror que sienten los colectivistas y estatólatras de todo pelo y color frente al derrumbe de su educación centralizada, y el creciente movimiento de las sociedad civil a favor de la libertad educativa.
El centro de la discusión es el viejo debate sobre dónde se deposita el derecho a decidir sobre la naturaleza de la educación que recibe un menor: ¿debería ser la familia o el Estado el que tiene la potestad de definirlo? ¿Quién tiene la potestad, sus padres o el Estado?.
El Estado ha intentado imponer en el imaginario público una serie de muletillas que considera que, con solo invocarlas, logrará saldar el debate, como la idea de que “el niño es sujeto de derecho”, como si eso representase alguna especie de “as en la manga” irrebatible que no merece ningún análisis.
Lo real es que las familias son, de forma legítima y real, las que toman la abrumadora mayoría de las decisiones sobre la educación de sus hijos, así como el proveer de los elementos necesarios para su vida.
El Estado intenta convencer a la sociedad de que en este punto las familias deben delegar a su legión de burócratas y adoctrinadores profesionales la decisión de cuál debe ser la educación formal que reciban.
La humanidad es básicamente una especie educadora. Siempre, el centro de la propuesta educativa debe basarse en la libertad. Y la libertad educativa supone, sí o sí, descentralización educativa. Incluso cuando la educación es institucionalmente organizada desde el Estado, siempre se debe basar en la libertad de oferta desde la sociedad civil y no desde la imposición centralizada de un órgano burocrático uniformizante.
Encima de todo esto, jamás se debe socavar el derecho de las familias y los ciudadanos a recibir con toda libertad una educación acorde con sus deseos individuales.
A fines del siglo XIX, y bajo el influjo de las ideas de los economistas clásicos, se instaló la importancia de la instrucción pública generalizada, partiendo de que existían nuevos y cuantiosos medios materiales para extenderla.
En este último siglo, los diferentes partidos estatistas (de izquierda o de derecha, ambos conciben al Estado como el brazo ejecutor de su plan de vida obligatorio para todos), pero con mayor protagonismo los socialdemócratas a través de sus políticas de Educación Pública, se han basado en la vieja estrategia manipulativa, la de la “zanahoria y el garrote”, para imponer una planificación centralizada de la educación.
El modelo de centralización educativa apuesta desde sus inicios a manejarse en una serie de mentiras impuestas (“sin educación centralizada se corre el riesgo de que los niños no aprendan lo básico”) y especialmente a utilizar el terrorismo (el poder coercitivo del Estado) para disciplinar lo que es potencialmente peligroso a su concepción.
La politización del modelo educativo es el destino inevitable de cualquier sistema centralizado, ya que empieza a ser cooptado por los distintos grupos organizados (corporativos, ideológicos) de tono colectivista, no solo en cada una de sus etapas de organización (concepción académica e intelectual, formación docente, implementación institucional, programas y perfiles educativos, ambientes educativos) sino en el espíritu general del mismo, e incluso en los fines: todo el sistema educativo se transforma en una organización dedicada a crear adoradores al Estado y al Igualitarismo.
