Los dueños del Estado solidario: ONGs amigas, sindicatos blindados y pensiones

En Uruguay, la justicia social se ha convertido en una coartada perfecta. Bajo esa etiqueta noble —¿quién podría estar en contra, no?— se esconde un entramado de prácticas que, lejos de corregir desigualdades, reproducen una red de clientelismo, favoritismo y despilfarro con olor a progresismo de manual. A esta altura, más que una política de Estado, parece un modelo de negocios. Público, claro, pero de negocios al fin.

El ejemplo más evidente es el Ministerio de Desarrollo Social, el famoso MIDES. Nacido con el objetivo de coordinar las políticas sociales, ha terminado transformado en una burocracia inflada, opaca y altamente ineficiente. Cada año maneja uno de los presupuestos más abultados del Estado, y sin embargo los indicadores sociales apenas se mueven. ¿Dónde va el dinero? Buena parte se canaliza a través de ONGs que, casualmente, suelen estar dirigidas por amigos del poder, exmilitantes o figuras afines a cierto sector ideológico. Se firman convenios, se reparten fondos, se redactan informes, pero el impacto real es difícil de encontrar. Eso sí: nadie se queda sin cobrar.

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Otro capítulo insólito es el de las pensiones graciables, un mecanismo que, en teoría, debería atender situaciones excepcionales, pero que en la práctica funciona como un sistema paralelo de rentas para colectivos específicos. Uno de los más privilegiados ha sido el de los hijos de desaparecidos, quienes perciben pensiones de hasta 80 mil pesos mensuales, muchas veces de carácter vitalicio. ¿Hay que ignorar su dolor? Por supuesto que no. Pero convengamos que transformar esa tragedia histórica en un privilegio permanente no parece una política sostenible ni justa con el resto de la población que también enfrenta dificultades sin gozar de semejante trato.

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La trama continúa con nuestras empresas públicas, esos gigantes intocables que funcionan como agencias de empleo para amigos, socios políticos y sindicalistas de carrera. UTE, OSE, ANTEL: todas operan con estructuras sobredimensionadas, tarifas elevadas y una productividad mediocre. Cualquier intento de introducir competencia o eficiencia es rápidamente bloqueado en nombre de la soberanía nacional o del “rol social del Estado”, otro concepto que suena bien pero que rara vez se traduce en mejores servicios para la ciudadanía.

Y claro, en el corazón de este sistema están los sindicatos, aliados estratégicos de este modelo de Estado generoso con algunos y oneroso para todos. No representan a los trabajadores de a pie, sino a una élite gremial que defiende privilegios, tranca reformas y negocia prebendas. Han logrado instalar la idea de que cualquier ajuste o evaluación es una amenaza ideológica, cuando en realidad se trata, simplemente, de sentido común.

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La izquierda ha sido hábil en disfrazar todo esto como justicia social. Pero lo que realmente se ha construido es una red de distribución de recursos públicos orientada más a sostener estructuras políticas que a mejorar la vida de los ciudadanos. Es un sistema que premia la militancia, no el mérito; que subsidia relatos, no resultados.