En Uruguay, la justicia social se ha convertido en una coartada perfecta. Bajo esa etiqueta noble —¿quién podría estar en contra, no?— se esconde un entramado de prácticas que, lejos de corregir desigualdades, reproducen una red de clientelismo, favoritismo y despilfarro con olor a progresismo de manual. A esta altura, más que una política de Estado, parece un modelo de negocios. Público, claro, pero de negocios al fin.
El ejemplo más evidente es el Ministerio de Desarrollo Social, el famoso MIDES. Nacido con el objetivo de coordinar las políticas sociales, ha terminado transformado en una burocracia inflada, opaca y altamente ineficiente. Cada año maneja uno de los presupuestos más abultados del Estado, y sin embargo los indicadores sociales apenas se mueven. ¿Dónde va el dinero? Buena parte se canaliza a través de ONGs que, casualmente, suelen estar dirigidas por amigos del poder, exmilitantes o figuras afines a cierto sector ideológico. Se firman convenios, se reparten fondos, se redactan informes, pero el impacto real es difícil de encontrar. Eso sí: nadie se queda sin cobrar.
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