Tres personas están sentadas en una mesa durante una conferencia, una de ellas sostiene un libro mientras las otras dos observan.
POLÍTICA

Los métodos de la izquierda uruguaya para imponer su relato con dinero público

Más entidades del Estado al servicio ideológico.

Uruguay cuenta con un organismo estatal destinado específicamente a «investigar, promover y garantizar la “memoria, la verdad y la justicia”». En agosto de 2013, bajo la administración del fallecido exterrorista José Mujica, se emitió la resolución presidencial N.º 463/013 que dio origen a lo que hoy existe como Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDHPR), que depende de Presidencia de la República.

Bajo este nuevo gobierno frenteamplista, Yamandú Orsi designó como directora de la secretaría a Alejandra Casablanca, quien estuvo a cargo de la dirección general del comité de base comunicacional de la Intendencia de Montevideo, TV Ciudad, desde 2020.

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El 20 de mayo, Presidencia difundió un video, narrado por Casablanca y creado con imágenes de alta calidad que, casualmente, pertenecen a TV Ciudad, que sentenciaba: Desde la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, nos comprometemos a construir una política de Estado de memoria.

Usinas de adoctrinamiento

En sus Bases Programáticas 2025-2030, el Frente Amplio propone:

Incluir en los programas educativos de todos los niveles, cursos sobre el pasado reciente como también estudios y proyectos sobre DDHH, construyendo garantías de no repetición y de memoria en las comunidades tanto educativas como territoriales de cada localidad, grupo social y cultural.

La versión unilateral del terrorismo de Estado será reforzada en todos los niveles de la enseñanza pública.

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El pasado 21 de mayo, la SDHPR presentó su plan quinquenal junto a autoridades del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y las facultades de Humanidades y de Comunicación. Casablanca anunció la reactivación de convenios entre las instituciones para la digitalización de archivos históricos, financiados por el Estado.

Un grupo de personas sostiene retratos en una manifestación frente a un edificio histórico.
Manifestación frente a la Facultad de Derecho | Redacción

La implicancia es clara: el aparato académico queda alineado con el Ejecutivo en la construcción de una memoria cada vez más hegemónica.

Más presupuesto para el negocio de la margarita deshojada

Casablanca hizo mención a una de las 63 prioridades para gobernar —presentadas por Alejandro Sánchez y Fernando Pereira el 29 de abril— que serán financiadas con presupuesto nacional:

«Agotar todas las instancias para la búsqueda de la verdad de los detenidos desaparecidos».

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No es novedad que la SDHPR responde a las demandas de ciertas sociedades civiles como Madres y Familiares, Crysol (expresos políticos) o el Colectivo Jacarandá. En esta oportunidad, Casablanca lo expresó abiertamente:

En estos dos meses hemos trabajado en un plan que se nutrió de más de cincuenta reuniones con la sociedad civil, con la Academia y con cada una de las personas que, hasta ahora, lo que ha estado haciendo es poner una margarita para seguir caminando

Un hombre entrega una flor a una mujer en un evento mientras varias personas observan y toman fotos.
Presidente izquieridista Orsi en la presentación | Redacción
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15 años seguidos en el gobierno y ahora volvieron

El Frente Amplio vuelve al poder y, con ello, resurge la hipocresía. Su primera acción prioritaria: "Continuar la búsqueda de restos de detenidos/as desaparecidos/as".

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La pregunta es inevitable: ¿por qué no lo hicieron durante sus 15 años ininterrumpidos en el poder?, ¿por qué no dieron vuelta la tierra de todos los batallones hasta encontrar el último hueso?, ¿por qué no lo hacen ahora?

La respuesta es evidente: el relato también funciona como un recurso político, simbólico y económico, es decir, un turbio negocio financiado por todos los uruguayos.

Para seguir desangrando al pueblo trabajador, la otra acción prioritaria del gobierno será: «Revisar las Leyes Reparatorias de las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado» como la Ley N.º 18.596, la N.º 18.033 y la Ley N.º 19.449.

Fecha patria, señores.

La acción prioritaria número 11 de las Bases propone la distopía más grande de todas:

«Promover en la población el ejercicio de la memoria sobre el pasado reciente de nuestro país, mediante la declaración del 20 de mayo como Día de la Memoria, fecha patria no laborable tanto para la actividad pública como privada».

Es probable que el próximo 20 de mayo los zurdos impongan el Día de la Memoria como fecha patria, ya que coincide con el aniversario del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en 1976, pero también con el nacimiento del exterrorista José Mujica.

Mientras tanto, ¿quién se opone al relato hegemónico de la izquierda?

Los «negacionistas antiderechos».

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