Uruguay cuenta con un organismo estatal destinado específicamente a «investigar, promover y garantizar la “memoria, la verdad y la justicia”». En agosto de 2013, bajo la administración del fallecido exterrorista José Mujica, se emitió la resolución presidencial N.º 463/013 que dio origen a lo que hoy existe como Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDHPR), que depende de Presidencia de la República.
Bajo este nuevo gobierno frenteamplista, Yamandú Orsi designó como directora de la secretaría a Alejandra Casablanca, quien estuvo a cargo de la dirección general del comité de base comunicacional de la Intendencia de Montevideo, TV Ciudad, desde 2020.
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El 20 de mayo, Presidencia difundió un video, narrado por Casablanca y creado con imágenes de alta calidad que, casualmente, pertenecen a TV Ciudad, que sentenciaba: Desde la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, nos comprometemos a construir una política de Estado de memoria.
Usinas de adoctrinamiento
En sus Bases Programáticas 2025-2030, el Frente Amplio propone:
Incluir en los programas educativos de todos los niveles, cursos sobre el pasado reciente como también estudios y proyectos sobre DDHH, construyendo garantías de no repetición y de memoria en las comunidades tanto educativas como territoriales de cada localidad, grupo social y cultural.
La versión unilateral del terrorismo de Estado será reforzada en todos los niveles de la enseñanza pública.
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El pasado 21 de mayo, la SDHPR presentó su plan quinquenal junto a autoridades del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y las facultades de Humanidades y de Comunicación. Casablanca anunció la reactivación de convenios entre las instituciones para la digitalización de archivos históricos, financiados por el Estado.
La implicancia es clara: el aparato académico queda alineado con el Ejecutivo en la construcción de una memoria cada vez más hegemónica.
Más presupuesto para el negocio de la margarita deshojada
Casablanca hizo mención a una de las 63 prioridades para gobernar —presentadas por Alejandro Sánchez y Fernando Pereira el 29 de abril— que serán financiadas con presupuesto nacional:
«Agotar todas las instancias para la búsqueda de la verdad de los detenidos desaparecidos».
