La Unidad de Desarrollo Social y Género (UDSG) del MIEM ha lanzado ls convocatoria Mujeres que Transforman 2025.
Compartir:
La Unidad de Desarrollo Social y Género (UDSG) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) ha lanzado la convocatoria Mujeres que Transforman 2025.
La feminista Fernanda Cardona, jerarca de la cartera, destinará $3.500.000 de fondos públicos para financiar únicamente emprendimientos de mujeres o transexuales que se declaren mujeres.
Una política sesgada y excluyente
Según declaraciones recientes de Cardona, el MIEM destinará partidas de $450.000 a solo siete proyectos. Pero la gravedad se incrementa: el dinero no lo tendrán que devolver.
Peor aún: el requisito necesario para acceder a la convocatoria nada tiene que ver con la eficiencia económica, sino con la sexualidad de quien dirige la empresa.
Como toda política pública, se llevará a cabo con el dinero de todos los contribuyentes, pero aun así decidieron excluir abiertamente a la mitad de la población: los hombres.
Ya no somos iguales ante la Ley
Un emprendedor que haya invertido tiempo, esfuerzo y dinero en su pyme queda automáticamente excluido solo por ser hombre.
Ministra de Industria.
Se trata de una forma descarada de violar la norma fundamental del país:
“Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.”
Este principio fundamental estipulado en el Artículo 8 de la Constitución de la República impide al Estado otorgar privilegios o beneficios en función del sexo, raza u otra condición.
Sin embargo, el programa Mujeres que Transforman 2025 establece justamente esa distinción: partidas solo para mujeres (u hombres que se perciban mujeres).
Desigualdad institucionalizada
El dinero que financia este programa proviene de los impuestos de todos los uruguayos. Sin embargo, son los hombres quienes aportan en mayor proporción al sistema tributario, ya que constituyen la mayoría de la fuerza laboral activa.
De acuerdo con datos del INE, en 2024 la tasa de actividad de los hombres fue del 68,9%, frente al 56,1% de las mujeres. Esto significa que los hombres realizan un mayor aporte al financiamiento del Estado.
Paradójicamente, esos mismos recursos se utilizan para sostener un programa que los excluye por completo, beneficiando únicamente a empresarias mujeres o a los hombres que se perciben mujeres.
El feminismo de género ha cooptado el diseño de todas las políticas públicas en Uruguay, consolidando una hegemonía ideológica que viola los principios constitucionales de igualdad y libertad, con la aceptación de todos los partidos políticos.
