El presidente de la República anunció la intención de crear un ministerio de justicia y derechos humanos en nuestro país. Algunos meses atrás, el hoy prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, defendió la creación del referido ministerio, entendiendo que esto sería “clave para la institucionalidad del país”. Pero, la pregunta que debemos hacernos, es si realmente necesitamos más Estado para tener más justicia. Muchas veces, lo que la política presenta como una solución, termina siendo parte del problema o agravándolo, algo a lo que estamos acostumbrados desde hace décadas.
El verdadero problema del sistema judicial no es ministerial, tenemos procesos largos, saturación de expedientes en los juzgados, falta de presupuesto (de todos modos esto no constituye una solución en sí misma justo es decirlo, puesto que hay sobrados ejemplos de que una mayor asignación de recursos ha sido irrelevante a la hora de la mejora del servicio, tal el caso de la educación y la policía) algunos en los que se violenta la igualdad ante la ley, tenemos exceso de regulaciones que hacen que cumplir la ley sea una tarea dantesca y que deriva en que los jueces, se transformen de hecho y sin quererlo, en agentes burocráticos de control de los mandatos del ejecutivo y parlamento, en lugar de cumplir la enorme y vital función de impartir justicia, es decir, de dar a cada uno lo suyo.
Pero el problema que tenemos no se corrige con más burocracia.
La idea del gobierno es crear un nuevo ministerio que coordine las políticas vinculadas a la justicia, derechos humanos, sistema penitenciario, defensoría pública y acceso a la justicia entre otros, dado que existen múltiples organismos dispersos y ello genera ineficiencias. En otros términos, una suerte de organismo rector que sea una síntesis de lo que está disperso y pueda otorgar uniformidad de acción.
Se alega también, que todos los países del Mercosur tienen un Ministerio de Justicia, y que Uruguay debería “modernizar su institucionalidad”. Ahora bien, que algo exista en otros países no significa que sea una buena idea. Muchos países vecinos tienen controles de precios, regulaciones, empresas publicas deificitarias, sistemas jubilatorios fallidos y eso no significa que debamos copiarlos.
En el Uruguay en los últimos cuarenta años, se han creado en cada gobierno que ha pasado, nuevos ministerios: Ministerio de Turismo, de Vivienda, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente, y ahora el de justicia y derechos humanos. El tamaño del Estado no ha parado de crecer desde la reapertura democrática, y ello no es gratis, tiene una directa repercusión en el bolsillo de la gente, porque se consume capital del único sector que genera riqueza, que es el privado, para financiar este gasto que no ha servido y no sirve para nada. Y el ministerio de justicia no es la excepción.
El problema de la falta de coordinación que se argumenta como justificativo de su creación es precisamente creada por el exceso de burocracia, que genera más regulaciones, más mecanismos de control, más gasto y que finalmente genera nuevas deficiencias y nuevos problemas que nos llevan al punto de partida.
