El presidente de la República anunció la intención de crear un ministerio de justicia y derechos humanos en nuestro país. Algunos meses atrás, el hoy prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, defendió la creación del referido ministerio, entendiendo que esto sería “clave para la institucionalidad del país”. Pero, la pregunta que debemos hacernos, es si realmente necesitamos más Estado para tener más justicia. Muchas veces, lo que la política presenta como una solución, termina siendo parte del problema o agravándolo, algo a lo que estamos acostumbrados desde hace décadas.
El verdadero problema del sistema judicial no es ministerial, tenemos procesos largos, saturación de expedientes en los juzgados, falta de presupuesto (de todos modos esto no constituye una solución en sí misma justo es decirlo, puesto que hay sobrados ejemplos de que una mayor asignación de recursos ha sido irrelevante a la hora de la mejora del servicio, tal el caso de la educación y la policía) algunos en los que se violenta la igualdad ante la ley, tenemos exceso de regulaciones que hacen que cumplir la ley sea una tarea dantesca y que deriva en que los jueces, se transformen de hecho y sin quererlo, en agentes burocráticos de control de los mandatos del ejecutivo y parlamento, en lugar de cumplir la enorme y vital función de impartir justicia, es decir, de dar a cada uno lo suyo.
Pero el problema que tenemos no se corrige con más burocracia.
La idea del gobierno es crear un nuevo ministerio que coordine las políticas vinculadas a la justicia, derechos humanos, sistema penitenciario, defensoría pública y acceso a la justicia entre otros, dado que existen múltiples organismos dispersos y ello genera ineficiencias. En otros términos, una suerte de organismo rector que sea una síntesis de lo que está disperso y pueda otorgar uniformidad de acción.
