Ex Fiscal de corte nominado por Mujica y potencial Ministro de Justicia si gana Yamandú Orsi sugiere que los Uruguayos “dejen de usar” la red social X. En un tuit redactado el pasado 11 de Septiembre, el ex Fiscal de Corte, Jorge Diaz de Uruguay, declaró entre líneas sus intenciones de que los Uruguayos dejen de usar la red social X.
“Soy partidario de la más absoluta libertad de expresión. Ahora, siendo X propiedad del señor Musk, que defiende aquellas ideas que aborrezco y utiliza con malas artes su red para difundirlas y mentir me pregunto: ¿debemos seguir usándola?,¿debemos seguir contribuyendo a sus arcas?”.
Esta postura guarda una notable semejanza con la reciente intervención de Alexandre de Moraes en Brasil, donde el ministro del Supremo Tribunal Federal tomó medidas severas contra plataformas de redes sociales y sus contenidos.
En un intento de controlar la supuesta “difusión de noticias falsas y discursos de odio”. Moraes implementó restricciones estrictas y ordenó el bloqueo de cuentas y contenidos que, según él, “atentaban contra el orden democrático y la integridad de las elecciones”. Especialmente en la plataforma X, ex Twitter, comprada por Elon Musk.
Las acusaciones de De Moraes y “razones” para llevar adelante esta medida fueron demostradas falsas y sin fundamento. Según varios trascendidos de prensa, Jorge Díaz pica en punta para ser el Ministro de Justicia si gana la izquierda en Uruguay, liderada por el izquierdista Yamandu Orsi.
Hasta ahora no existe en la nación Oriental dicho Ministerio, pero de crearse, preocupa la posible utilización política del organismo. El mismo puede ser usado potencialmente como un cuartel de persecución y censura a opositores, particularmente en las redes sociales.
Dicha práctica no es de la “tradición y costumbre” que la clase política Uruguaya se jacta de tener, pero todo puede cambiar con psicópatas de izquierda como Jorge Díaz al mando.
Sin embargo, este tipo de intervención plantea un dilema sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la regulación de contenidos en internet, más que nada en un país como Uruguay el que supuestamente se caracteriza por ser un faro de la libertad de expresión en la región.
La propuesta del ex fiscal, de cumplirse, significaría un gigante retroceso para el Uruguay en materia de libertad de expresión y derechos políticos, ya que terminaría con años de una supuesta “tradición Uruguaya” de respetar las instituciones de la libertad de prensa y opinión.
