El ciberataque a TuID, la plataforma estatal que verifica quién sos en el mundo digital y te permite firmar con valor jurídico, desnudó lo que ya era evidente: el Estado uruguayo es incapaz de proteger los datos personales de sus ciudadanos. Ni siquiera los más sensibles. Ni siquiera cuando se trata de tu cara, tu huella o tu firma electrónica.
El 7 de mayo Antel salió a confirmar el incidente con el manual de siempre: “No se vulneraron contraseñas ni datos especialmente protegidos”. Frase cómoda, repetida como un mantra. Pero alcanza con leer el comunicado entre líneas para entender que la respuesta es insuficiente, tardía y, sobre todo, poco creíble. Porque con nombre, cédula, fecha de nacimiento, correo y domicilio ya te pueden armar una estafa que parezca oficial. Imaginate el WhatsApp: “Hola. Detectamos un problema con tu identidad digital TuID. Para evitar la suspensión de tu firma electrónica, verificá tus datos acá”. Con tus datos reales no parece spam. Parece del Estado. Y el Estado, justamente, es el que falló.
El grupo LaPampaLeaks, que reivindicó el ataque, fue más allá: cédulas, nombres, fechas de nacimiento, correos, teléfonos, domicilios, datos biométricos y hasta información de firmas digitales. Antel lo niega. La experta en ciberseguridad Agustina Pérez Comenale, harta de las evasivas, presentó denuncias formales ante la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales (URCDP) y ante Cibercrimen del Ministerio del Interior. Su reclamo es elemental: Antel no dice con claridad qué datos fueron tocados. Y si la biometría quedó expuesta, estamos ante un problema de otra dimensión. Una contraseña se cambia. Una cara o una huella, no.
La ley es clara. Obliga a notificar al regulador en 72 horas con detalle preciso del incidente y los datos afectados. Si se ven comprometidos derechos de las personas, hay que avisarles a ellas también, en lenguaje entendible. Nada de eso ocurrió. Antel habló de “protocolos” y de una denuncia ante Fiscalía. Pero no informó cuántos usuarios fueron impactados, desde cuándo existía la vulnerabilidad, si hubo biometría comprometida ni qué carajo debe hacer cada ciudadano para protegerse. Silencio. Opacidad. La misma receta de siempre.
