En Uruguay los Derechos Humanos son un curro de la izquierda. Al menos desde 1985 cuando retornó la democracia, la izquierda política (Frente Amplio), sindical (PIT-CNT), estudiantil (FEUU), y las falsas organizaciones que dicen defender los derechos humanos, han hecho negociados gigantescos cobrando cientos de millones de dólares del Estado, es decir de los impuestos que paga el pueblo uruguayo.
Leyes "reparatorias"
Desde 1985 hasta hoy, se han aprobado una cantidad de leyes "reparatorias" para pagarle millonarios subsidios a ex terroristas subversivos que atentaron contra la democracia (tupamaros), a integrantes del aparato armado del Partido Comunista, a malvivientes del Partido Socialista, y del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo), y a un montón de parásitos que se disfrazan de "perseguidos por la dictadura" y han cobrado muchísimo dinero.
Entre 1985 y 2005, con los gobiernos blancos y colorados se pagaron algunos millones de dólares de "reparación" a todos estos avivados, pero luego desde 2005 a 2020, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, esto se multiplicó y los curros y los negociados pagos por todos los uruguayos crecieron notablemente.
Se siguieron aprobando leyes "reparatorias" para los que en la década de 1960 y hasta 1973 atentaron contra la democracia, y se fueron a entrenar a Cuba para adiestrarse militarmente e instalar en Uruguay una tiranía como la de Fidel Castro.
De esta forma, quienes violaron los Derechos Humanos por izquierda (tupamaros, socialistas y comunistas), luego fueron "reparados" cobrando jugosas pensiones y subsidios de todo tipo. Todo, absolutamente todo, pago por los contribuyentes uruguayos que sacrificadamente pagan sus impuestos.
Mientras los distintos gobiernos dicen que no hay dinero para la salud o para la educación, siempre hay dinero para estos parásitos que se disfrazan de "perseguidos políticos" y cobran sin trabajar.
El aporte de Alvaro Alfonso
El distinguido escritor Alvaro Alfonso divulgó en Búsqueda del 7 de noviembre parte de estos curros. Los contribuyentes uruguayos pagaron desde 1985 hasta hoy, unos 1.300 millones de dólares por supuestos sucesos ocurridos antes y durante la dictadura (1973-1985).
Fueron 17 leyes que tuvieron el visto bueno de todos los partidos políticos.
