En un claro ejercicio de persecución política, el gobierno nacional relevó de su cargo al director del Hemocentro de Maldonado, Jorge Curbelo, amparándose en un informe confidencial de ASSE que denuncia una supuesta “administración paralela y arbitraria”. Sin embargo, la realidad que conocen los maldonenses es diametralmente opuesta: con un presupuesto notoriamente limitado, Curbelo llevó adelante una gestión de excelencia que convirtió al Hemocentro en un centro de referencia nacional, eficiente y al servicio efectivo de la población.
Bajo recursos escasos y sin el respaldo presupuestal que merecía un servicio de esta magnitud, Jorge Curbelo logró lo que pocos directores públicos han conseguido en el país: un hemocentro moderno, ordenado y funcional. En un departamento con crecimiento demográfico sostenido y una demanda creciente de hemoderivados para cirugías, tratamientos oncológicos, emergencias y obstetricia, el centro no solo mantuvo el abastecimiento, sino que lo elevó a estándares de calidad que antes eran excepcionales. Donaciones voluntarias en niveles récord, stock permanente, procesos ágiles y una atención digna y oportuna se convirtieron en la norma. Todo ello, insisto, con un presupuesto que, comparado con otros centros del sistema, era manifiestamente insuficiente.
Toda la población de Maldonado lo sabe. Médicos, familias, donantes habituales y pacientes que requirieron transfusiones en tiempo y forma no tienen dudas al respecto: el Hemocentro dirigido por Curbelo operaba con eficiencia y seriedad. No se registraban quejas por desabastecimiento, ni demoras injustificadas, ni escándalos de ningún tipo. Maldonado se transformó, bajo su gestión, en un ejemplo regional de cómo se puede hacer más con menos cuando existe capacidad de gestión, honestidad y compromiso real con la salud pública.
No obstante, el gobierno nacional de Yamandú Orsi y sus funcionarios en ASSE decidieron que ese éxito no podía tolerarse. En lugar de reconocer el esfuerzo y fortalecer un servicio que funcionaba, optaron por desmantelarlo. El informe confidencial que ahora se esgrime como fundamento menciona “gestión irregular de recursos humanos”, “problemas en el manejo financiero”, “sobregiro presupuestal” y “operaciones extra-regionales”. Pero tras esos términos técnicos se advierte la verdadera intención: utilizar la salud como herramienta de control político y castigar a quien demostró que es posible gestionar con eficiencia incluso cuando el Estado central no proporciona los recursos necesarios.
Curbelo no accedió al cargo por concurso, se argumenta. ¿Y qué importancia tiene eso frente a los resultados concretos que la ciudadanía pudo verificar día a día? Se habla de sobregiro financiero, pero ¿cómo no iba a existir presión presupuestal si el centro expandió sus prestaciones mientras el presupuesto permanecía estancado? Se critica la vinculación con marcas privadas y de alcohol para obtener recursos adicionales, como si buscar fondos complementarios para salvar vidas fuera un delito cuando el gobierno nacional no cubre las necesidades reales.
La conclusión del informe —que habla de “falta de acceso por concurso”, “desapego por las normas de contratación” y “asociación de la imagen de ASSE con prestadores privados”— no resiste el contraste con la percepción de los maldonenses. Lo que se busca es destruir un hemocentro que operaba de manera ejemplar para reemplazarlo por una gestión politizada, burocrática e ineficiente, acorde con el modelo que el Frente Amplio ha impuesto en gran parte del sistema de salud pública.
Jorge Curbelo no merece ser removido. Merece que se le reconozca públicamente el trabajo realizado y que se le doten de los recursos necesarios para continuar. La población de Maldonado, que es la que verdaderamente importa, ya ha emitido su veredicto: el Hemocentro que él dirigió fue un ejemplo de buena administración en tiempos de restricciones. Que el gobierno nacional intente destruirlo solo confirma que, para el oficialismo, el control político prevalece por encima de la salud de los uruguayos.
