El pasado lunes 10 de febrero se dictaminó la aprobación de un proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 20.237 (diciembre de 2023) en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados.
El objetivo de estas modificaciones es ampliar aún más el horizonte de personas a las que se les perdonará deuda, marcando un claro hito en contra de los contratos y la seguridad jurídica.
Este tema tiene una larga historia, remontándose a cuando los entonces precandidatos presidenciales Manini (Cabildo Abierto) y Lacalle (Partido Nacional) adoptaron esta causa por motivos electorales.
Los deudores son personas que compraron viviendas asumiendo créditos hipotecarios estatales y que, por diversas razones, tuvieron que ir refinanciándolos, lo que llevó a la acumulación de intereses y recargos.
El lobby considera esto injusto y comienza a reclamar un salvataje financiado por el resto de la población, lo que representa un claro atropello al capitalismo y a los contratos.
Aprovechando este ambiente, el primer proyecto de ley fue presentado por Cabildo Abierto en 2021, culminando ayer su periplo legislativo.
Desde ahora en adelante, se establece un precedente: no pagar deudas está bien, siempre y cuando un político te las perdone con dinero ajeno pensando que va a comprar tus votos.
