En el Uruguay de hoy, la seguridad pública ha alcanzado niveles de deterioro inéditos bajo el mandato del presidente Luis Lacalle Pou.
Promesas de campaña que se evaporaron en el aire, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión.
Desde su asunción, el gobierno de Lacalle Pou ha sido un ejemplo claro de cómo no gestionar la seguridad de un país.
Datos
Los datos son abrumadores: el número de homicidios ha alcanzado récords históricos. En los primeros cinco meses de 2022, se registró un aumento del 68% en los homicidios, pasando de 117 a 173 asesinatos, una cifra que habla por sí sola del fracaso de la administración en controlar el delito.
Además, el país ha visto un récord de asesinatos de niños, niñas y adolescentes, así como de heridos por balas en esta demografía, evidenciando una espiral de violencia que no se ha visto en décadas previas.
Lacalle
La falta de mano dura es evidente. Mientras Lacalle Pou se jacta de un supuesto descenso en rapiñas y hurtos, el verdadero indicador de seguridad, los homicidios, no ha bajado, mostrando una incapacidad flagrante para abordar el problema de raíz.
No hay solución
El presidente ha admitido que no han podido reducir los homicidios, un reconocimiento tardío de una gestión ineficaz que deja en claro la urgencia de un cambio de estrategia, la cual no se vislumbra a simple vista, ya que todos nos indica que la política del FA en la materia será igual o peor.
En contraste, observamos la situación en Argentina, donde Patricia Bullrich, bajo el gobierno de Javier Milei, aplicó la "doctrina Bukele", con resultados tangibles.
La reducción de homicidios en el país vecino demuestra que medidas de mano dura pueden ser efectivas. Lacalle Pou, en cambio, ha sido reticente a adoptar métodos similares, argumentando que la doctrina de Bukele no es aplicable en Uruguay, una afirmación que se desmorona frente a la evidencia de éxito en otras naciones.
La pregunta entonces es, ¿qué diferencia hay de un lado al otro del Río de la Plata, apenas una hora en barco?.
La respuesta es clara: una política de seguridad decidida y efectiva versus una gestión que ha resultado en un aumento exponencial de la violencia.
La llamada de algunos dirigentes blancos para que la población se arme "a partir del 1 de marzo" es un reconocimiento tácito de su fracaso.
Pero, ¿por qué esperar? La ciudadanía no puede darse el lujo de esperar un día más. La seguridad es un derecho humano básico, y el gobierno batllista de Lacalle ha demostrado no estar a la altura, dejando a los ciudadanos a merced de una criminalidad descontrolada.
La doctrina de seguridad en Uruguay bajo Lacalle Pou ha sido un desastre. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con su frase de "volvieron las carteras", refleja una visión anacrónica y superficial de la seguridad, centrándose en medidas simbólicas mientras la violencia se desborda.
Si Uruguay desea recuperar la paz y la seguridad, es necesario un cambio radical en la política de seguridad. La ciudadanía debe exigir más que palabras vacías y políticas de seguridad que solo sirven para la propaganda.
Se necesita acción, se necesita mano dura, y sobre todo, se necesita un gobierno que entienda que la seguridad no es un juego, sino la base de una sociedad libre y próspera.
