Por Federico Ventura.
Uruguay se posiciona como el líder regional en empleo público desde que el gobierno de Javier Milei implementó un profundo e histórico ajuste en la plantilla estatal.
En Uruguay, se registra un índice de 0.09 empleos públicos per cápita, en contraste con el estado argentino donde este número es de 0.07 empleos públicos por habitante.
Esta cifra refleja la política de austeridad denominada "la motosierra" que Milei empuja con vigor desde su llegada a la Jefatura de Estado de la República Argentina.
Es crucial contextualizar este dato, dado que, mientras Milei ha efectuado un significativo ajuste en el ámbito nacional, las provincias kirchneristas han adoptado una dirección opuesta. Un ejemplo claro de esto es el del gobernador Axel Kicilof, conocido por sus inclinaciones comunistas, quien ha optado por expandir la burocracia con la creación de interminables nuevas dependencias en la Provincia de Buenos Aires.
Las promesas de Lacalle Pou
El actual Presidente Luis Lacalle Pou, durante su campaña, prometió un “shock” en el gasto público, que incluía la reducción del gasto administrativo y, por ende, del empleo público. Estas promesas, sin embargo, no se han cumplido de manera notoria. Al ser consultada sobre este tema, la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, manifestó: "La palabra no es recorte; aquí la expresión correcta es racionalizar y aplicar sentido común. Cuando se menciona un recorte, se sugiere que habrá despidos, y eso no está en la agenda". Confirmando que van a contramano de Milei y tienen nulo interés en reformar al Estado.
Es bien sabido que la expansión y manutención del estado actual del sector público puede tener varios impactos económicos, incluyendo una mayor carga fiscal sobre los contribuyentes, afectando en este la competitividad del sector privado y el crecimiento económico sostenible. Uruguay es un país que a pesar de su supuesta “estabilidad” se encuentra estancado económicamente.
Todo parece indicar que el próximo gobierno del comunista Yamandú Orsi seguirá la tendencia de un Estado omnipresente, que amplíe considerablemente la burocracia y el número de empleados públicos. Para la izquierda, es imperativo que sus militantes, amigos y desempleados trabajen en el sector público, lo cual implica un costo sustancial para el resto de la sociedad productiva, que termina subvencionando esta expansión del sector público.
