El reciente Encuentro nacional de representantes de comisiones de género y feminismos del Frente Amplio volvió a dejar en evidencia una de las contradicciones más flagrantes de la izquierda uruguaya. Mientras el país registra casos de violencia sexual que estremecen a cualquier ciudadano decente, las referentes del sector se reunieron para debatir agendas, interseccionalidades y “construcciones colectivas”, pero se negaron de plano a exigir mano dura, penas más severas para violadores y un registro nacional de agresores sexuales. No es un descuido. Es una posición ideológica.
En esos espacios, la violencia contra las mujeres se convierte en materia prima para el discurso. Se habla de “patriarcado”, de “estructuras de poder”, de “masculinidades tóxicas” y de la necesidad de más Estado presente en políticas de cuidados. Todo muy correcto dentro del manual. Lo que no aparece, o aparece apenas como amenaza reaccionaria, es la demanda concreta de que quien viola a una mujer o a una niña pague con años de cárcel efectivos, sin beneficios anticipados ni atenuantes ideológicos. Menos aún se acepta la idea de un registro público que permita a las potenciales víctimas saber con quién están tratando.
La oposición al registro nacional de violadores no es nueva ni exclusiva de este encuentro. Forma parte de una lógica que privilegia la privacidad del agresor por sobre la seguridad de la víctima. En nombre de no estigmatizar, se deja a las mujeres a ciegas. En nombre de no “reproducir lógicas punitivistas”, se diluye la sanción. El resultado es previsible: impunidad relativa, reincidencia y una sensación creciente de que el sistema está más preocupado por no herir sensibilidades que por proteger a quienes sufren la agresión.
El FA tiene una larga trayectoria en esta materia. Durante sus años de gobierno impulsó leyes de violencia de género que, en la práctica, generaron más burocracia, protocolos y comisiones que resultados medibles en reducción de delitos sexuales graves. Se multiplicaron las capacitaciones, los observatorios y los discursos del 8M. Lo que no se multiplicó con la misma fuerza fue la capacidad del sistema penal para detener, juzgar y mantener detrás de rejas a quienes cometen violaciones. Cuando desde la oposición o desde la ciudadanía se plantea aumentar las penas o crear herramientas de control como el registro, la respuesta automática es acusar de “mano dura”, de “populismo penal” o de “derecha fascista”. Como si pedir que un violador no camine libre fuera una posición extrema.
El encuentro de las comisiones de género y feminismos del FA no escapó a esta lógica. En lugar de convertir el espacio en una exigencia clara hacia el sistema judicial y legislativo —más años de cárcel efectiva, prohibición de beneficios para delitos sexuales graves, registro obligatorio y accesible de condenados—, se optó por el terreno seguro de la militancia interna: fortalecer las comisiones, transversalizar la perspectiva de género, debatir masculinidades y reafirmar el carácter “feminista y popular” de la fuerza política. Todo eso puede tener valor simbólico para quienes lo viven. Para la mujer que camina sola de noche o para la madre que teme por su hija, es insuficiente.
Hay una diferencia elemental que la izquierda se resiste a aceptar. La violencia sexual no se resuelve únicamente con talleres de sensibilización ni con más funcionarios en oficinas de género. Se resuelve, en buena medida, con disuasión. Un potencial agresor que sabe que, si es descubierto, enfrentará una pena larga, sin salidas anticipadas fáciles, y que su nombre figurará en un registro al que cualquiera puede acceder, tiene menos incentivos para actuar. Esa es la lógica básica de cualquier política criminal seria. Negarla en nombre de una pureza ideológica es, en los hechos, abandonar a las víctimas.
El argumento de que “el punitivismo no resuelve las causas estructurales” es una forma elegante de evadir la responsabilidad inmediata. Nadie niega que existan factores culturales, económicos o educativos que contribuyen a la violencia. Pero mientras se discuten las causas profundas —tarea que puede llevar décadas—, las mujeres siguen siendo violadas hoy. La respuesta del Estado no puede ser solo preventivo-ideológica. Tiene que ser también retributiva y protectora. Cárcel efectiva y registro no son la solución completa. Son el mínimo civilizatorio.
Resulta llamativo que el mismo sector que no duda en exigir la máxima severidad cuando se trata de ciertos delitos políticos o de corrupción, se vuelva de pronto garantista extremo cuando el delincuente es un violador. La coherencia se diluye. Lo que importa, al parecer, es no salirse del libreto. Y el libreto dice que cualquier endurecimiento penal es sospechoso de derecha.
Uruguay no necesita más encuentros que reproduzcan consignas. Necesita políticas que pongan a las víctimas en el centro. Un registro nacional de violadores no es una ocurrencia autoritaria: es una herramienta que existe en varios países y que permite, al menos, que las personas sepan. Penas más altas no son venganza: son reconocimiento de la gravedad del daño. Mano dura no es populismo: es la obligación del Estado de proteger a los más vulnerables.
Mientras las comisiones de género del FA sigan priorizando el relato sobre la protección efectiva, seguirán demostrando que su feminismo es más útil para la interna partidaria que para las mujeres que viven con miedo. Y eso, por más que se lo envuelva en lenguaje inclusivo y en declaraciones de “igualdad sustantiva”, es una forma de abandono.
