Este viernes, en el marco de la Expo Prado, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) puso el dedo en la llaga. Leonardo Loureiro y otros referentes del sector privado no se limitaron a pedir menos trámites. Reclamaron medidas concretas sobre dos costos estructurales que pesan como una losa: la energía y la logística. Sin tocarlos, dijeron, Uruguay no mejorará su capacidad de competir.
El diagnóstico no es nuevo, pero la urgencia sí. Uruguay tiene una matriz eléctrica mayoritariamente renovable, un activo ambiental reconocido. Sin embargo, las tarifas que pagan las empresas siguen por encima de las de Argentina, Brasil y Chile en varios segmentos industriales. El gasoil, a su vez, carga con sobrecostos que financian el boleto urbano y otros subsidios. Esos pesos extra se trasladan a la producción agropecuaria, industrial y de transporte. En el puerto de Montevideo, las tarifas de contenedores han vuelto a niveles previos a promesas de baja, mientras la operativa enfrenta cuellos de botella. El resultado es previsible: costos más altos que los de la región y márgenes más estrechos para exportar.
Ludwig von Mises explicaba con claridad por qué estos problemas no se resuelven con más intervención. Cuando el Estado concentra la producción o la fijación de precios de insumos clave —como ocurre con UTE y Ancap—, desaparece el mecanismo de cálculo económico. Los precios dejan de reflejar escasez real y preferencias de los consumidores. Se convierten en instrumentos políticos. Un subsidio al boleto financiado con sobreprecio al gasoil no “protege” al usuario del transporte público: simplemente transfiere el costo a quien produce y exporta. Lo mismo ocurre cuando las tarifas eléctricas se usan para generar transferencias a rentas generales. El empresario ve un costo artificialmente elevado; el sistema pierde señales para invertir en eficiencia o en nuevas capacidades.
Hans-Hermann Hoppe lleva el argumento un paso más allá. La propiedad privada y el intercambio voluntario no son solo más eficientes: son la única forma de alinear incentivos a largo plazo. Un monopolio estatal de energía o de infraestructura portuaria responde a ciclos electorales y a presiones de grupos organizados, no a la necesidad de reducir costos unitarios. Cuando el puerto o la generación eléctrica operan bajo lógica de caja pública, el incentivo es maximizar transferencias o evitar conflictos sindicales, no minimizar el costo por contenedor o por megavatio. Hoppe insistía en que la competencia —incluso la amenaza de competencia— disciplina mejor que cualquier regulación. Mientras Uruguay mantenga esquemas de monopolio o de precios administrados en insumos críticos, los reclamos de “competitividad” serán declaraciones de buenas intenciones.
La situación actual ilustra el punto. El gobierno ha amortiguado parcialmente subas internacionales del petróleo, evitando trasladar el total al surtidor. Eso alivia en el corto plazo, pero no elimina la estructura de sobrecostos. Los empresarios señalan que revisar el fideicomiso del boleto o el factor de estabilización del GLP no implica abandonar el transporte público accesible: implica decidir quién lo financia y con qué mecanismo. Lo mismo vale para la energía eléctrica. Convertir la matriz renovable en ventaja económica requiere que los precios reflejen costos reales de generación y transmisión, no objetivos de recaudación o de redistribución encubierta.
En logística el problema es similar. Uruguay aspira a consolidarse como hub regional, especialmente de cara a un eventual acuerdo Mercosur-Unión Europea. Sin embargo, tarifas portuarias elevadas, demoras y rigideces laborales elevan el costo de mover mercadería. Cada dólar extra por contenedor resta competitividad frente a alternativas en la región. Mises recordaba que el capital y el trabajo fluyen hacia donde los costos de hacer negocios son menores. Si Uruguay no corrige estos diferenciales, las inversiones se irán a donde sí se corrigen.
El reclamo de la Expo Prado no es un pedido de privilegios. Es la constatación de que la competitividad no se decreta: se construye eliminando distorsiones. Bajar costos de energía y logística exige revisar subsidios cruzados, abrir espacio a mayor competencia en segmentos donde hoy predomina el monopolio y alinear tarifas con costos reales. Sin eso, el discurso de “inversión, talento y productividad” quedará en el aire. Los empresarios lo dijeron con claridad este viernes. La pregunta es si el resto de los actores —gobierno y sociedad— está dispuesto a escuchar las implicancias.
