El martes pasado un estudiante apuñaló a una compañera de 19 años en el tercer piso de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. La joven quedó con heridas graves, lesión ocular y de abdomen. Como ocurre cada vez que se da un hecho de esta magnitud se sacude la opinión pública y la clase política sale a manifestarse. Tweets de varios párrafos con palabras sentidas, indignación y reflexiones profundas de distintos referentes, principalmente aquellos que se han abanderado con las políticas de género, como Di Candia, Constanza Moreira, o la ministro de Salud, Cristina Lustemberg, que incluso se hizo presente en la facultad y realizó profundas declaraciones frente a las cámaras.
Nadie discute lo grave que fue el episodio. El problema es que ese mismo discurso se repite después de cada ataque, cada violación, cada situación de acoso, y casi nunca va acompañado de un compromiso concreto: penas firmes y efectivamente cumplidas para quienes cometen estos delitos. Indignarse es gratis. Legislar en contra de los propios intereses electorales, no tanto.
El Frente Amplio —el partido que se presenta como el más sensible y empático — sistemáticamente evitó endurecer penas contra los delitos sexuales y contra el delito en general desde su primer gobierno. Todos recordamos a Tabaré Vázquez y su "plan de descongestionamiento carcelario" lanzado en 2009 cuando apuntó a trasladar y liberar reclusos antes que a fortalecer el sistema de castigo. Cuando se insistió durante más de una década (2008, 2010, 2015, 2018) con crear un Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, el Frente Amplio, con mayoría parlamentaria propia, bloqueó la iniciativa una y otra vez, calificándola de "redundante". El registro recién se creó en 2020, con la Ley de Urgente Consideración, ya con otro gobierno en el poder. Hoy el Frente Amplio gobierna nuevamente y el mecanismo que licúa las penas por la vía del juicio abreviado sigue intacto para los delitos sexuales. Se puede hablar todo lo que se quiera de sensibilidad de género; lo que no hay, hasta ahora, es la voluntad de tocar la herramienta procesal que en los hechos devalúa la condena.
¿Qué es la vía abreviada? ¿Por qué esta herramienta devalúa la condena?
En Uruguay el sistema judicial arrastra un retraso importante en los juicios y un problema serio de recursos, y el mecanismo que más ha crecido para descomprimirlo es el juicio abreviado. Básicamente, el acusado negocia o transa con la fiscalía y resuelve la situación antes de llegar a un juicio oral, evitando ese trámite más largo y expuesto. Esto favorece a quienes tienen más recursos o mejor defensa para evitar la pena, y en muchos casos directamente impide que se haga justicia con la víctima. Es más, el propio sistema promueve una menor sentencia, porque el solo hecho de acceder al abreviado reduce hasta un tercio de la pena aplicable. Los números lo confirman. Según un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, apenas el 3,6% de los casos formalizados en Uruguay llega o está en camino de llegar a juicio oral: el resto se resuelve por la vía del proceso abreviado. El mismo trabajo calcula que cerca del 95% de las condenas penales del país surgen de estos acuerdos y no de un juicio propiamente dicho.
Casos concretos
En delitos sexuales el resultado es previsible: en 2018, un hombre que violó dos veces a su pareja negoció una pena de tres años de libertad vigilada y ni siquiera pisó la cárcel, lo que obligó al entonces fiscal de Corte a restringir estos pactos para violación y abuso sexual. Este año, en Canelones, un padrastro que abusó de su hijastra durante cinco años —desde que la nena tenía seis— fue condenado, en definitiva, a cuatro años de penitenciaría. El caso salió a la luz porque la niña lo escribió en una tarea escolar sobre Marie Curie.
Por si esto fuera poco, hay que decirlo con todas las letras: no importa tanto el ideal correctivo del sistema. Importa poner el foco en la víctima y en la justicia, que es justamente lo que la clase política no hizo en los últimos treinta años. Para dimensionar cuán generoso es nuestro sistema, alcanza con mirar afuera: en Estados Unidos no existe un piso único porque cada estado legisla el suyo, pero como referencia, California fija hasta perpetua con agravantes, y Texas permite penas de hasta 20 años.y no solamente a Estados Unidos, incluso en China la violación con agravantes pueden llevar a cadena perpetua o pena de muerte; en Rusia, entre 3 y 15 años según las agravantes. Son sistemas distintos y no estrictamente comparables entre sí, pero todos coinciden en algo que en Uruguay no ocurre: el mínimo legal tiende a ser un piso real, no un techo que se negocia hacia abajo con el juicio abreviado.
El nefasto sistema carcelario
El otro costado de este fracaso es el sistema carcelario, en penosas condiciones y con resultados nefastos en comparación con la región, por ejemplo, en Uruguay casi dos tercios de los presos reinciden cuando salen. Recién ahora, en la Rendición de Cuentas, se discute por primera vez un proyecto para separar la gestión de las cárceles del Ministerio del Interior y darle autonomía técnica y presupuestal a un nuevo instituto. Llega con 40 años de atraso y todavía no está aprobado. El mundo tiene esquemas de gestión penitenciaria con participación privada desde hace más de cuarenta años en más de noventa países; discutirlo en Uruguay no debería ser tabú. El estado uruguayo ya no nos tiene que demostrar lo ineficiente que es en la gestión pública. Y cuando pretenden determinar que la situación se debe a una falta de recursos resulta difícil entender que si hay recursos para sostener estructuras estatales de prioridad más que dudosa, pero aparentemente no para un sistema penitenciario y judicial que cumplan su función.
Esto no es un problema solo del FA, es de toda la clase política y periodismo. Es previsible que en los próximos días legisladores y pseudoperiodistas de todos los colores compitan por mostrarse más consternados que el resto por el ataque en la Facultad de Medicina, en paneles de televisión y comunicados de prensa, etc. Parecería como que el foco son ellos, es el discurso político porque es momento de brillar.
Y hay algo que lo confirma con total claridad: cuando el acoso o el abuso ocurre puertas adentro de la propia clase política, la reacción es sensiblemente más tibia que la de estos días. Un relevamiento de El Observador contabilizó al menos ocho denuncias por acoso, abuso sexual o violencia de género contra dirigentes de distintos partidos durante una sola legislatura. El diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano recibió una orden judicial de no acercamiento por violencia de género y siguió en su banca sin sobresaltos. El dirigente colorado de Canelones, Heber Duque, está siendo investigado penalmente por violencia sexual y acoso laboral contra una subordinada, y debió usar tobillera electrónica por el "alto riesgo" que representaba para la víctima. El alcalde blanco de Cerro de las Cuentas, Humberto Allende, fue imputado por violar a una mujer de 80 años y continuó en el cargo con licencia. Del lado del Frente Amplio, el alcalde del Municipio A, Jorge Meroni, y el diputado comunista Gerardo Núñez renunciaron recién cuando el caso llegó a la prensa o venció el plazo político para sostenerlos; el alcalde de Los Cerrillos, Rodrigo Roncio, fue sancionado por el propio Tribunal de Conducta Política del FA por acoso sexual y mensajes con una menor; y el diputado Gustavo Olmos, denunciado por su propia suplente, se tomó una licencia sin mayores consecuencias institucionales. Ninguno de estos casos generó la marea de comunicados, tweets y apariciones públicas que generó, en apenas 48 horas, el ataque a la estudiante de Medicina. La indignación, para la casta política, tiene siempre una velocidad distinta según de quién se trate.
Y tampoco, ninguno de ellos —del color que sea— movió un dedo para sacar los delitos sexuales graves del régimen abreviado, o para achicar el gasto público que sólo sabe crecer y dotar de recursos reales a un sistema penitenciario en estado calamitoso. La indignación de casta funciona así: es unánime, transversal y, sobre todo, gratuita. Se ejerce mejor frente a una cámara que en una sesión de comisión donde hay que votar algo que incomode a la propia interna. Mientras tanto, seguimos siendo los mismos cornudos escuchando los discursos de indignación después de los hechos.
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Fuentes consultadas: Facultad de Derecho (Udelar), informe sobre el proceso abreviado; Fiscalía General de la Nación (gub.uy), casos y estadísticas de delitos sexuales; El Observador, "Juicios abreviados, una polémica que persiste" (2018); Infobae y Uruguay Al Día, caso del padrastro condenado en Canelones (2026); El Observador y GPA, historia legislativa del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales; LR21, plan de descongestionamiento carcelario de Tabaré Vázquez (2009); Montevideo Portal, "Nada Crece a la Sombra: entre las 'irregularidades' y el intento de 'deslegitimación'" (2021, con reporte original de Radio Carve); Infobae, tasa de encarcelamiento y crisis del sistema penitenciario uruguayo; Radiomundo En Perspectiva, reforma del INR en la Rendición de Cuentas 2025-2029; Montevideo Portal y Portada Punta, caso de inimputabilidad en Punta del Este (marzo 2026); Subrayado y La Diaria, cobertura del caso de la Facultad de Medicina (septiembre 2026); Maldita.es y Morez Abogados, penas por agresión sexual vigentes en España; fuentes generales sobre marcos penales por violación en Rusia, China y Estados Unidos.
