En un fallo que quedará como uno de los más graves atropellos a la verdad jurídica y a la razón en la historia reciente del derecho uruguayo, la jueza letrada Iris Vega Ottonello resolvió que Maximiliano Benjamín Sverco Morantes es hijo de Robin Henderson. Lo hizo a pesar de que quedó probado empíricamente —y más allá de toda duda razonable— que el joven no es hijo biológico ni adoptivo del fallecido empresario. La magistrada basó su decisión en la supuesta “posesión notoria socioafectiva” y en un “buen vínculo” que, según ella, basta para ignorar la realidad biológica, la ley escrita y el testamento manipulado de un anciano de 87 años.
Este no es un mero error judicial. Es un acto de ingeniería social disfrazado de sentencia. Es la victoria del subjetivismo afectivo sobre la verdad objetiva. Es, en definitiva, la consagración judicial del fraude.
Los hechos, irrefutables, son los siguientes. Pamela Stefani Sverco, madre de Maximiliano, orquestó durante años una maniobra deliberada para apoderarse de la fortuna de Robin Henderson. No se trató de un vínculo espontáneo ni de un afecto natural: fue un plan calculado. Pamela impulsó que el empresario —frágil, anciano y alejado de sus hijos biológicos— “naturalizara” a su hijo como propio. Henderson, en un acto irregular, lo reconoció como hijo biológico en lugar de tramitar una adopción. Error fatal: nunca fue hijo biológico, y la edad y la debilidad del empresario impedían cualquier relación paterno-filial activa. Si existió algún lazo, fue el propio de un abuelo con su nieto. Nada más.
Esa manipulación culminó en un último testamento que desheredaba a los hijos verdaderos —Alan James, Robert Lee y Lucy Henderson— para entregar la herencia a Maximiliano. Un testamento que la propia ley uruguaya declara nulo por vicios de consentimiento y por la evidente influencia indebida sobre un adulto mayor vulnerable. Desde la muerte de Robin en octubre de 2023, sus hijos legítimos han luchado en los tribunales para deshacer el entuerto. Hasta que llegó la jueza Vega Ottonello y, en lugar de aplicar la ley, decidió reescribirla.
La sentencia es un manifiesto ideológico. La magistrada descartó de plano las pruebas de ADN, los documentos notariales y la imposibilidad legal de “naturalizar” a un extraño como hijo biológico. Ignoró que la filiación, en el Código Civil uruguayo, se funda en la verdad biológica o en un procedimiento de adopción formal, no en el relato emocional de una de las partes. En su lugar, elevó a rango de norma suprema la “dimensión socioafectiva” del vínculo. Y, en un gesto de arrogancia sin precedentes, incluyó una carta personal dirigida a Maximiliano: “Querido Maximiliano, hoy ponemos punto final a este largo juicio… se evidenció el profundo amor paternal que te unió a Robin”.
