Hay que decirlo con todas las letras: la gestión de seguridad de Carlos Negro es un desastre. Punto. Las cifras no mienten, las balaceras tampoco y la gente común ya ni se sorprende cuando se entera de otro homicidio. Criticar eso no es un acto de coraje; es lo mínimo exigible. Cualquiera con dos dedos de frente y un mínimo sentido de la realidad puede ver que el Estado, en materia de orden público, está fallando de manera estrepitosa.
Pero atención: Bordaberry y la Coalición Republicana no están criticando porque les importe el fondo del problema. Critican porque les sale regalado. Es la crítica de bajo costo político, la que no arriesga un solo centavo de las donaciones que llegan puntuales cada campaña, la que no pone en jaque los vínculos con ese empresariado amigo que prefiere que el Estado siga repartiendo privilegios antes que abrir las puertas a la competencia real.
Porque si de verdad quisieran desmontar las causas profundas de por qué Uruguay no termina de despegar, tendrían que hablar de otra cosa. Tendrían que señalar cómo ciertos grupos tienen el control casi absoluto de la importación de bienes esenciales —Lestido es el ejemplo más visible— gracias a regulaciones y barreras que el propio Estado mantiene en pie. No es “mercado”; es mercado capturado. Es privilegio político disfrazado de empresa.
Tendrían que cuestionar la existencia misma de las empresas públicas, esos mastodontes ineficientes que viven del bolsillo del contribuyente, que compiten con ventaja desleal y que, en lugar de generar riqueza, generan déficit y clientelismo. No hay libertad económica verdadera cuando el Estado es juez y parte, propietario y regulador al mismo tiempo.
Y sobre todo tendrían que hablar del costo de vida. Ese que no baja ni aunque el dólar se derrumbe, porque el problema no es la moneda: es la estructura que impide que la competencia real baje los precios. Es la red de protecciones, subsidios y monopolios de facto que hace que cuatro jugadores se queden con la renta que debería distribuirse entre millones de uruguayos que trabajan y consumen.
Pero no. Eso no lo tocan. Porque tocarlo significaría enfrentarse con los mismos que firman los cheques para las campañas. Significaría admitir que parte del modelo que defienden también está podrido por el intervencionismo y el prebendismo. Es más fácil —y más rentable— concentrarse en la gestión de Negro. Ahí sí: titulares garantizados, aplausos de la tribuna anti-gobierno y cero riesgo de perder el apoyo de los que realmente mueven los hilos económicos.
Es la misma lógica de siempre: se ataca lo que duele al adversario electoral porque duele al adversario electoral. Pero se protege lo que duele al país porque duele al propio bolsillo y al de los sponsors. Es oposición de saldo. Es la que ladra fuerte donde no hay nada que perder y calla mansita donde están los verdaderos intereses en juego.
Bordaberry y la Coalición Republicana no son la alternativa al estatismo; son otra versión del mismo problema con distinto uniforme. Critican la seguridad porque ahí no hay cheques que perder. Pero cuando se trata de abrir la economía de verdad, de terminar con los monopolios artificiales, de eliminar las empresas públicas que distorsionan todo y de bajar el costo de vida mediante competencia genuina, prefieren el silencio cómplice.
Mientras sigan así, pueden seguir gritando contra Negro. Suena duro. Suena de oposición. Pero no engaña a quien entiende que los problemas de fondo no se resuelven con discursos de campaña. Se resuelven rompiendo los privilegios que el Estado reparte entre amigos. Y eso, lamentablemente, parece que no les conviene.
