Un grupo de ciudadanos bien intencionados se ha puesto en marcha para impulsar una reforma constitucional en 2029. Es un esfuerzo genuino, nacido del hartazgo ante el centralismo asfixiante, el despilfarro fiscal crónico y la sensación de que el Estado uruguayo ha perdido el rumbo. En muchos aspectos su diagnóstico es acertado: reconocen que el sistema actual premia el gasto irresponsable, ahoga la iniciativa regional y deja al ciudadano común desprotegido frente a la delincuencia. Ese impulso es valioso y merece respeto. Pero en otros puntos el enfoque está equivocado. Han incluido ideas que, aunque suenan atractivas, diluyen el impacto real de la reforma: prohibiciones administrativas, nuevos organismos de control, comisiones de ética o regulaciones detalladas que no pertenecen a la Constitución.
La Carta Magna no es un manual de buen gobierno ni un catálogo de buenas intenciones. Es el documento que fija los límites del poder, corrige incentivos perversos y protege libertades esenciales. Convertirla en un listado de reglas de procedimiento —prohibir autos oficiales, regular viáticos, limitar asesores o cualquier otra medida de gestión cotidiana— es un error estratégico. Los países serios reservan su norma suprema para cuestiones de fondo; lo administrativo se resuelve por ley ordinaria o decreto. Si no corregimos ese desvío ahora, la reforma saldrá diluida, cargada de adornos que nadie respetará y que terminarán siendo letra muerta. Tenemos la oportunidad histórica y el apoyo ciudadano suficiente. Hagámosla valer de verdad, enfocándonos solo en lo que realmente cambia el juego.
Solo tres cambios estructurales deben incluirse. Nada más.
Primero: la regla del déficit fiscal con renuncia automática. Si el Congreso aprueba un presupuesto con déficit, todos los legisladores renuncian de inmediato y se convocan elecciones generales en 90 días. Sin excepciones, sin atenuantes, sin cláusulas de “fuerza mayor”. Esta disposición alinea incentivos como ninguna otra. Hoy los políticos gastan más de lo que recaudan porque el costo lo paga el contribuyente mañana, vía inflación, deuda o impuestos futuros. Con esta regla, el costo lo pagan ellos hoy, en su propio pellejo. El despilfarro deja de ser una opción política cómoda y pasa a ser un suicidio colectivo. Eso cambia todo.
