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Belliboni contra las cuerdas: Una empresa fantasma vinculada al Polo Obrero facturó $500 millones y declaraba un solo empleado

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Se trata de "Coxtex", una de las empresas que generaba facturas para justificar gastos frente al Ministerio de Desarrollo Social. AFIP la estuvo vigilando desde 2022, pero nunca llegó a suspenderla.

El 30 de agosto de 2022, la AFIP concluyó una inspección sobre la empresa Coxtex, determinando que se trataba de una usina de facturas sin capacidad económica ni financiera. Por esta razón, decidió incluirla en la base E-Apoc, que reúne a todas las empresas que emiten facturas falsas.

Casi dos años después, esta misma empresa es parte de una investigación judicial que involucra al Polo Obrero y a sus principales dirigentes, como Eduardo Belliboni. La Justicia sospecha que Coxtex generó varias facturas para "justificar" gastos de esa organización.

La inspección de la AFIP, ahora parte del caso que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, reveló la actividad inusual de Coxtex en los meses siguientes a su creación en octubre de 2020. En el primer semestre de 2021, emitió facturas por un total de $115.531.342,83, y en el segundo semestre del año, la cifra ascendió a $226.074.302,49, según el informe judicial.

Pero hay más. Entre enero y febrero de 2022, el mismo año de la inspección, Coxtex facturó $139.119.572,65. En total, suman más de $480 millones en solo trece meses. "La última facturación importante es de febrero de 2022; después aparecen montos menores hasta julio de ese año", señaló un investigador.

Los investigadores de la AFIP visitaron los domicilios personales de los dos "socios fundadores" de Coxtex: María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, conocido como el enigmático "canadiense". La investigación alarmó a los implicados, aunque para ese momento la sociedad ya estaba prácticamente inactiva.

En el teléfono de Vega se encontraron mensajes relacionados con el conflicto. El 24 de octubre de 2022, Gabriela Anahí Rivero alertó a Vega: "Te están buscando de la AFIP. Por una sociedad que no pueden ubicar. Vinieron a casa". Tres días después, Vega comunicó a Rivero su malestar: "Anita, recién pasó el hombre de la AFIP (…) me desvinculó de todo. Hay muchas empresas a mi nombre: Recinsur, VSP, Coxtex".

En efecto, Vega y Pichuaga habían prestado sus nombres para la creación de otras tres sociedades durante 2020: Consulting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL.

Cuando allanaron la casa de Vega, una mujer de origen humilde, no estaba presente. Más tarde llegó junto a su pareja, un albañil de 55 años, de manera espontánea. La Policía la registró y encontró un teléfono Samsung, el cual fue posteriormente peritado.

Hace aproximadamente un mes, Pichuaga también fue allanado en su modesto PH en el barrio de Floresta. En su domicilio, la Policía confiscó un documento de la AFIP fechado el 27 de octubre de 2022 y firmado por el inspector Norberto Andrade.

Según la investigación del organismo recaudador en ese momento, Coxtex, que supuestamente se dedicaba a la venta de equipos y programas informáticos, tenía solo un empleado registrado a pesar de facturar millones. "Presentó DDJJ (formulario 931) por los períodos 02/2021 al 10/2021 en cero", según consta en el documento adjunto a la investigación judicial.

La conclusión de los investigadores fue contundente: "Se observa la emisión de facturas electrónicas con montos significativos, los cuales resultan imposibles de ser realizados por una empresa sin capacidad económica y financiera suficiente para llevarlos a cabo". Debido a esto, la empresa fue incluida en la base E-Apoc.

La historia de Coxtex volvió a ser relevante hace dos meses, cuando la Justicia comenzó a investigar las facturas presentadas por el Polo Obrero para justificar sus gastos ante el Ministerio de Desarrollo Social. Otra empresa bajo escrutinio es la imprenta conocida como "Ediciones e Impresiones Rumbos SRL". En conjunto, estas dos sociedades aportaron facturas por un total de $25 millones de pesos.

Con esta información, el 21 de mayo el juez Casanello ordenó a la Policía Federal que se acercara a la AFIP para solicitar toda la información disponible sobre las dos empresas y sus socios. Específicamente, requirió declaraciones juradas, datos sobre vehículos, aeronaves, embarcaciones, propiedades, cuentas bancarias, y cualquier fiscalización o denuncia penal relacionada con los implicados.

En respuesta, la AFIP comunicó, entre otros detalles, que la empresa Rumbos "no ha presentado declaraciones juradas después del año 2019" y que "Lucas Adrián Buchichio, quien fue el contador encargado de presentarlas en los años 2017 y 2018, recibió además facturas B de dicha empresa durante los años 2023 y 2024". Además, informaron que "la declaración jurada del año 2019 fue presentada por Leonardo Daniel Narizzano, actualmente registrado como contador de la empresa". Con esta información, el juez ordenó operativos sobre ambos contadores a fines de mayo.

Antes todas estas pruebas, la estrategia de defensa de Eduardo Belliboni cambió recientemente y ahora se centra en el papel de la AFIP. Durante su declaración, el extorsionador de pobres afirmó que las empresas Rumbos y Coxtex operaban con autorización del organismo recaudador, y que era responsabilidad de este asegurar que continuaran en funcionamiento.

Anteriormente, el líder piquetero había señalado a "los funcionarios kirchneristas del Ministerio de Desarrollo Social" que aprobaban las facturas. Aunque no los mencionó específicamente, se refería a la Secretaría de Economía Social, dirigida por Emilio Pérsico. Según él, una vez que esta oficina daba el visto bueno, la documentación pasaba por dos líneas de control adicionales: las legales y las de contabilidad. Sin embargo, nadie detectó irregularidades.

La estrategia es Belliboni es clara. Si él cae, se lleva a todos los kirchneristas con él, ya que fueron ellos quienes le permitieron llevar a cabo este negocio corrupto.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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El Senado empezó a usar la huella de presencialidad y descubrieron a más de 200 ñoquis que no trabajaban

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Cientos de empleados faltaron a sus trabajos sin una razón válida el día siguiente a que pusieran identificación por huella.

El 6 de junio pasado, el Senado aprobó una resolución que establece que, a partir de agosto o septiembre próximos, los empleados permanentes y una parte de los trabajadores temporales deben registrar su asistencia. Aproximadamente 1.500 empleados de varias divisiones del Senado ya comenzaron a hacerlo, pero según información difundida, unos 200 empleados ya han faltado.

De estos, alrededor de 140 no cumplimentaron el registro sin una justificación válida, mientras que unos 70 explicaron su ausencia. Esto significa que aproximadamente entre el 8% y el 10% de los empleados involucrados no justificaron su falta. No obstante, el Senado está considerando ofrecer una semana adicional para resolver esta situación y evitar cualquier inconveniente o sospecha.

La resolución para implementar el registro de asistencia y prevenir posibles casos de empleados fantasmas fue emitida por María Laura Izzo, secretaria administrativa del Senado bajo la gestión de la vicepresidente Victoria Villarruel.

El sistema fue inicialmente implementado durante la gestión de Gabriela Michetti pero fue posteriormente suspendido por el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández. En la pandemia, la Secretaría Administrativa de Cristina Kirchner, María Luz Alonso, actualmente diputada provincial en La Pampa y miembro de La Cámpora, modificó temporalmente las normativas de habilitación y control de ingreso a las instalaciones del organismo, lo que implicó la suspensión implícita del Sistema de Presentismo por Datos Biométricos.

La resolución establece que una vez que cesaron las razones sanitarias que motivaron dichas modificaciones, las actividades presenciales fueron normalizadas progresivamente. Por lo tanto, se procederá a aprobar un cronograma para citar al personal según lo dispuesto en la ley de empleados legislativos, la ley 24.600, con excepción de los empleados temporarios asignados a los despachos de los senadores, y se tomarán medidas para actualizar el registro de huellas dactilares correspondiente.

Además, el documento propone la aprobación de un formulario de declaración jurada y requiere que los empleados lo completen y suscriban, proporcionando los datos necesarios para actualizar sus expedientes laborales en el contexto del registro de huellas dactilares, con el objetivo de agilizar y simplificar los trámites administrativos.

Para alcanzar este objetivo, el cronograma de registro comenzó el lunes 10 de este mes y concluirá el viernes 16 de julio. Se dispusieron 26 días en total para llevar a cabo el escaneo de empleados permanentes y temporarios afectados por la resolución.

En marzo, un empleado que no asistía al trabajo fue despedido el 1 de febrero pasado. Tras una investigación que duró semanas, se descubrió que el ex trabajador había admitido su culpabilidad en un caso de daños y amenazas en un juicio abreviado en Río Negro en agosto de 2021. Durante meses, utilizó una tobillera electrónica que no le impidió mantener su relación laboral con el Senado.

Desde el 10 de diciembre pasado, también se desocuparon 12 oficinas de legisladores cuyos mandatos habían terminado, se rechazaron compensaciones a empleados que solicitaban beneficios por estudios realizados (incluso uno de ellos no tenía completados sus estudios secundarios) y se despidieron a varios empleados por ausentarse sin justificación, entre otras medidas adoptadas por la presidenta del Senado y la secretaria administrativa.

Paralelamente a la implementación del nuevo sistema de presentismo, está en marcha la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD). Se espera que con la activación real del registro de huellas, se solucione definitivamente un problema histórico del Congreso.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Después de ser retirada por Alberto Fernández, Milei volvió a instalar la Receta Electrónica para facilitar la prescripción

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La receta electrónica promueve una prescripción más segura y eficiente al garantizar que solo los profesionales matriculados puedan emitirla, lo cual mejora la trazabilidad y simplifica los procesos administrativos. Además, protege la identidad y la información personal de los pacientes.

A partir de este 1 de julio, se inicia la implementación de la Ley de Receta Electrónica en todo el país. La nueva reglamentación de la Ley 27.553 establece un período de transición de 180 días para la adaptación al nuevo sistema de plataformas digitales.

Durante este plazo, que se extiende hasta finales de diciembre, las prescripciones de medicamentos, órdenes de estudios y prácticas médicas emitidas en formato papel seguirán siendo válidas. Esto permitirá a los profesionales de la salud, a las plataformas electrónicas y a los pacientes ajustarse gradualmente a la nueva normativa.

La Ley se implementará durante estos seis meses en cada jurisdicción, dependiendo de la adhesión al sistema por parte de las autoridades de salud de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal de la ley es modernizar y agilizar los procesos relacionados con la prescripción de medicamentos.

Según fuentes del Ministerio de Salud nacional, ocho distritos (Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán) ya cuentan con legislación al respecto. No todos los distritos necesitan la aprobación de sus legislaturas, ya que pueden utilizar otros mecanismos para adherirse al sistema.

El lunes pasado, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, se reunió con representantes de los ministerios de Salud de las 24 jurisdicciones para avanzar en la estrategia de implementación de la receta electrónica.

Dos días después, se llevó a cabo otro encuentro con funcionarios nacionales y provinciales, en el cual participaron representantes de 18 provincias y se llegó a este acuerdo. "El periodo de implementación comienza hoy, por lo que estaremos evaluando la adhesión de todas las jurisdicciones a partir de mañana", informaron al respecto.

Durante estos meses, el enfoque estará en "incrementar la adhesión" al sistema de receta electrónica. "Trabajaremos a través de varios canales: comunicación con equipos para alinear lo técnico, conversaciones, contacto directo con los ministros y comunicación individual con cada jurisdicción desde Nación", añadieron.

"Nos hemos propuesto establecer marcos normativos para estandarizar criterios y coordinar la implementación con todas las jurisdicciones", declaró Russo tras la reunión del lunes, anticipando que "como parte del plan de implementación se llevarán a cabo diversos intercambios y capacitaciones con las jurisdicciones, a través de conversatorios y talleres".

La receta electrónica promueve una prescripción más segura y eficiente al garantizar que solo los profesionales matriculados puedan emitirla, lo cual mejora la trazabilidad y simplifica los procesos administrativos. Además, protege la identidad y la información personal de los pacientes.

Además, el Ministerio de Salud emitió el 24 de junio la Resolución 1959/2024, que establece la creación del Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS) para la inscripción de sistemas de información y plataformas relacionadas con la salud digital.

Este registro tiene como objetivo "fomentar el desarrollo de sistemas informáticos que mejoren la calidad y accesibilidad de la salud, así como favorecer la interoperabilidad de los mismos y asegurar la seguridad de la información", según la normativa. Se estableció un período de 180 días, ya en vigor, para que las plataformas se adhieran, se registren y se ajusten, asegurando la continuidad en el acceso a los servicios de salud.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Día de la Independencia: Después de la firma del Pacto de Mayo, habrá Tedeum y un desfile militar del 9 de Julio en CABA

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El pacto con los gobernadores y ex presidentes se rubricará en Tucumán el lunes 8 en la madrugada. Luego, habrá un desfile militar en la Ciudad de Buenos Aires con aproximadamente 5.000 uniformados, vehículos blindados, y aviones de guerra.

El lunes 8 de julio en Tucumán habrá una vigilia antes de la firma del Pacto de Mayo, en espera del inicio del Día de la Independencia Nacional. Posteriormente, Javier Milei viajará temprano a Buenos Aires, ya que a las 9 de la mañana se realizará el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana. Dos horas después, comenzará el desfile militar en la Avenida del Libertador para conmemorar el 208° aniversario del día patrio.

Para el acto en Tucumán, donde será anfitrión el gobernador Osvaldo Jaldo, el Gobierno enviará invitaciones a mandatarios provinciales, sindicalistas y ex presidentes. Se espera la presencia de aproximadamente 14 gobernadores en esta reunión, durante la cual se firmarán los 10 puntos promovidos por el Presidente de la Nación en la Apertura de Sesiones Ordinarias como base para futuros consensos.

En la redacción de estos 10 puntos se realizaron modificaciones como un gesto de buena voluntad hacia los gobernadores. Se eliminó el noveno punto relacionado con temas electorales, se cambio la ubicación del ítem sobre la reducción del gasto público y se añadió a la educación como uno de los puntos a consensuar.

Finalmente, se agregó un párrafo que menciona la creación del Consejo de Mayo, anunciado por Milei en Córdoba hace un mes. Este consejo se propone para desarrollar proyectos de ley basados en estos puntos acordados.

Los planes para las celebraciones del Día de la Independencia están cocinados. La ceremonia religiosa en la Catedral comenzará a las 9 de la mañana, seguida por el desfile militar que iniciará a las 11 en la intersección de Av. Libertador y Agüero, frente a la Biblioteca Nacional, y continuará por la Avenida del Libertador.

Aún no se ha determinado la duración del desfile de los 5.000 uniformados que participarán, representando a las tres fuerzas armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Los Veteranos de Malvinas encabezarán el evento, pero se espera que se extienda por toda la famosa avenida de la Capital Federal.

Este sábado, el presidente Milei viajará a Camboriú, en el estado de Santa Catarina, para asistir a la Expocentro junto al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), evento que se extenderá hasta el domingo. Está previsto su regreso al país el domingo 7.

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