El gobernador ultra kirchnerista de la Provincia de Buenos Aires quiere reinstalar una ley que demostró ser un rotundo fracaso, resultando en mayor inflación y desabastecimiento en las góndolas.

En diciembre de 2020, el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández reglamentó la Ley de Góndolas (Ley 27.545). Esta normativa establecía un máximo del 30% del espacio de venta, físico o virtual, para una categoría de producto por proveedor.

Además, exigía que hubiera al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios, que las micro y pequeñas empresas contaran con al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos y que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tuvieran al menos un 5% de espacio.

La implementación de la Ley de Góndolas resultó ser un absoluto fracaso, provocando mayor inflación y desabastecimiento en los supermercados. Ahora, el gobernador krichnerista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca reinstalar esta ley a nivel provincial, luego de que el presidente Javier Milei la derogara por decreto en diciembre.

El proyecto propuesto por Kicillof juega con la ilusión de que los precios pueden ser controlados mediante regulaciones burocráticas. Sin embargo, esta ley es inaplicable. En el pasado, los sectores productivos supuestamente beneficiados nunca calificaron para ofrecer sus productos en góndola, lo que acarrea una imposibilidad de aplicación y cumplimiento para PyMEs y emprendimientos de la economía popular.

El nuevo plan, denominado “Fomentar la Competencia en Góndolas Bonaerenses”, tiene como objetivo principal la "promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de la provincia de Buenos Aires". Este plan, según Kicillof, busca "potenciar el crecimiento" de estas empresas y proporcionar un marco normativo que garantice la venta de productos regionales mediante un sistema "equitativo de comercialización".

El texto del plan, que ahora comenzará a discutirse en la Legislatura bonaerense, destaca la necesidad de enfrentar un contexto de "concentración oligopólica". La normativa propuesta abarcará establecimientos dedicados a la comercialización mayorista y/o minorista de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar.

Este marco regulatorio aplicará a establecimientos que pertenezcan a una cadena comercial o que cuenten con una superficie destinada a la comercialización mayor a 300 m² y/o que tengan dos o más líneas de cajas.

El mismo gobierno kirchnerista que promovió la norma nunca la puso en práctica ni recibió la adhesión de las provincias para que fuera una política de alcance federal. La ley de góndolas fue imposible de controlar por los gobiernos provinciales, y resulta inimaginable que los municipios, con sus limitadas estructuras, puedan hacerlo.

Además, esta normativa obstaculiza las relaciones comerciales entre ciudadanos y promueve un rol persecutorio del Estado. Desalienta el libre comercio al advertir sobre sanciones a los actores en la cadena de comercialización. Este enfoque no solo es contraproducente, sino que también genera un clima de inseguridad e incertidumbre entre los comerciantes y productores.

A comienzos de la administración de Milei, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Góndolas, de Abastecimiento y el Observatorio de Precios ya que obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos, promovían un rol persecutorio del Estado y no generaban ningún tipo de beneficio. Esta medida permitió que los supermercados pudieran decidir libremente qué mercadería exhibir, a qué precio y en qué lugar ubicarla. Como resultado, los precios de los productos han bajado en términos reales, demostrando que la libertad de mercado es más efectiva para regular precios que las intervenciones estatales forzadas.

Reinstalar la Ley de Góndolas en la provincia de Buenos Aires es un paso atrás en la búsqueda de una economía más libre y eficiente. La experiencia pasada demuestra que esta ley no solo es inaplicable, sino que también genera desabastecimiento e inflación. El gobierno de Kicillof, gran defensor de la intervención estatal en la economía, vuelve a recurrir a regulaciones ineficaces y perjudiciales para el pueblo argentino.

El Jefe de Gobierno porteño cada vez tiene menos fondos, y en vez de hacer el ajuste del gasto público que el pueblo votó, manda a Mauricio Macri para presionar al presidente Milei para que le gire más dinero.

En su primer informe de gestión, el Gobierno de Jorge Macri demandó a la Nación la devolución de los fondos de la coparticipación. Según Macri, desde el 10 de diciembre, el Gobierno Nacional no ha devuelto ni un solo peso del dinero de la coparticipación sustraída a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una situación que ha generado reclamos por parte del gobierno porteño.

El fallo provisorio de la Corte Suprema determinó que Nación debe girar fondos a CABA hasta que se establezca el monto exacto de la deuda. Sin embargo, Macri ha manifestado que, en la práctica, estos fondos no han sido enviados, situación que ha llevado al primo del Jefe de Gobierno a gestionar directamente con las autoridades nacionales.

El problema se originó en plena pandemia, allá por 2020, ante una movilización que realizó la Policía Bonaerense a los alrededores de la Quinta de Olivos en reclamo por las condiciones salariales. Debido al temor que esto generó en el oficialismo de aquel momento, el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de un decreto presidencial, tomó la decisión unilateral de quitarle a la Ciudad de Buenos Aires el 1,18% de coparticipación para compulsivamente transferirle ese monto al gobernador kirchnerista Axel Kiciloff.

Esta transferencia tenía como supuesto destino "mejorar" los salarios de la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero nunca se hizo. De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reclamar lo suyo. El máximo tribunal finalmente le dio la razón, a pesar de no haber resuelto la cuestión de fondo.

La realidad es que, más allá del fallo de la Corte, las razones que impulsaron a Jorge Macri a realizar este pedido al presidente Milei son muy diferentes.

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) es uno de los 29 fideicomisos que Milei quería eliminar o modificar, debido a que son una “caja negra” que tiene escasos o nulos controles y que fueron defendidos a capa y espada por la casta para no perder sus privilegios que obtienen a través de ellos.

En el caso del FISU, se financiaba con un porcentaje del impuesto PAIS, que recientemente ha sido reducido del 20% al 1%, sumado al hecho de que, en la actualidad, el fondo está controlado por Sebastián Pareja, un hombre de estrecha confianza del Presidente, para supervisar el destino de los fondos, por lo que ahora Jorge Macri no tiene posibilidad de disponer discrecionalmente de esos fondos y, al eliminar los Pases y las LELIQS, tampoco puede sostener los ingresos brutos.

Este escenario evidencia una dependencia estructural que ha colapsado ante cambios fiscales recientes. En conclusión, a Macri se le cayó la “estantería”.

La gestión de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido caracterizada por su incapacidad para manejar de manera eficiente los recursos locales. En lugar de buscar soluciones viables y de seguridad, Macri, al igual que el gobernador kirchnerista Axel Kicillof, ha optado por culpar al Gobierno Nacional, desatendiendo la necesidad de reformas profundas y ajustes fiscales en su administración.

La situación actual no solo pone en evidencia las falencias de la gestión local en CABA, sino también la urgencia de reformar un sistema de coparticipación que ha demostrado ser ineficiente y conflictivo. La solución no reside en culpar a una de las partes, sino en trabajar conjuntamente para establecer un esquema más justo y funcional.

A pesar de esta disputa puntual, la realidad es que el esquema de coparticipación es extremadamente injusto para todos, mucho más aún aquellas jurisdicciones que aportan más recaudación tributaria de la que reciben.

Es por esto que el presidente Milei impulsó la reforma o "rediscusión" de la coparticipación federal de impuestos, siendo uno de los puntos del Pacto de Mayo.

La coparticipación obliga a provincias más productivas a transferirle recursos a provincias menos productivas, generando una total falta de incentivos para salir de ese estado de improductividad. En desmedro de las provincias que menos producen, esta ley debe modificarse urgentemente. Por desgracia pocas jurisdicciones están dispuestas a hacerlo, ya que se necesita la conformidad de todas ellas para poder hacerlo.

Muchas provincias temen perder recursos, y gran parte de ellas no están dispuestas a cambiar el esquema actual donde muchas producen poco recibiendo por ello grandes cantidades de dinero de otras provincias “más ricas”.

Esta modificación de la Ley debe hacerse en línea con premiar a las provincias más productivas y castigar a las menos productivas. El grueso de la recaudación lo deberían hacer las provincias y coparticipar éstas a la Nación, y no al revés como ocurre ahora.

De esta manera cada provincia se esforzaría por ser más productiva pudiendo hacer uso y goce de esa productividad, sin tener que transferirle recursos a ningún “vecino”. Incluso esto generaría competencia fiscal entre las provincias y un círculo virtuoso sin que a la política le resulte sencillo interponerse, tal como ocurre ahora.

El anuncio fue hecho durante la apertura de la primera instalación en la región, que requirió una inversión de US$ 870 millones. Este proyecto es único en su tipo y la compañía busca ser uno de los mayores productores globales de litio.

La compañía francesa Eramet anunció este jueves la construcción de una segunda planta de litio en la provincia de Salta, al inaugurar la puesta en marcha de su primera planta para la producción de carbonato grado batería en el salar Centenario Ratones, con una inversión de US$ 800 millones de dólares.

La primera planta comenzará a operar en noviembre con el objetivo de alcanzar una producción de 24.000 toneladas de litio de grado batería para mediados de 2025, según informó la empresa. Este proyecto es el resultado de una asociación con el gigante siderúrgico chino Tsingshan, con una inversión conjunta hasta la fecha de US$ 870 millones.

Esta es la cuarta planta que se pone en marcha en Argentina y la primera en utilizar un método de extracción directa a escala industrial a 4.000 metros de altura, una tecnología que acelera la producción del metal ligero crucial para muchas baterías de vehículos eléctricos.

La construcción de la segunda planta en el mismo salar, ubicado en el departamento de Los Andes, está programada para comenzar el próximo año. Se espera que tenga una capacidad de procesamiento de 30.000 toneladas, más del doble de la capacidad actual.

La planta inaugurada hoy se encuentra a 75 kilómetros de la comunidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes, cerca de San Antonio de los Cobres, donde viven alrededor de 300 habitantes. Se proyecta que esta planta tenga una vida útil de 40 años y que su producción esté destinada exclusivamente a la exportación, absorbida por sus propios accionistas.

La extracción de litio en Argentina, el cuarto productor mundial de este mineral, aumentó un 49,7% en los primeros cuatro meses del año comparado con el mismo período de 2023, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), impulsado por la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Con más de 30 iniciativas en diversas fases de desarrollo, el proyecto Centenario Ratones de Eramet se convertirá en el cuarto productor de litio en Argentina, uniéndose a otros como Salar de Olaroz, operado por Sales de Jujuy y Allkem; Olaroz Cauchari, de Exar (una empresa conjunta de Gangfeng de China y Lithium Americas de Canadá) en Jujuy; y Salar del Hombre Muerto de Arcadium Lithium en Catamarca.

Eramet, que posee el 50,1% del proyecto, está actualmente tramitando los permisos para su segunda planta y tiene planes futuros para construir un tercer proyecto de características similares.

La empresa espera que la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Bases y su capítulo que establece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulse estos planes de expansión.

Christel Bories, CEO de Eramet, subrayó durante el evento que el grupo se posicionará como "un actor global clave en la producción sostenible de litio, un metal crucial para las baterías de vehículos eléctricos. Esta inauguración confirma nuestro liderazgo tecnológico y sostenible en toda la cadena de valor del litio, desde la exploración hasta el procesamiento".

Eramet ha estado presente en Salta por más de 12 años realizando diversas actividades de exploración, lo que finalmente condujo a esta importante inversión para convertirse en uno de los principales proveedores globales de litio.

Desde diciembre de 2023, el gobierno argentino, representado por la canciller Diana Mondino y el embajador en Francia, Ian Sielecki, ha mantenido un estrecho vínculo de trabajo con Christel Bories, CEO de Eramet.

Durante la visita de Mondino a París, expresó el interés de Argentina en el proyecto de Eramet y su deseo de ver la puesta en marcha de su primera fase, así como el lanzamiento de la segunda fase con una nueva inversión.

En mayo de 2024, la canciller Mondino y el embajador Sielecki se reunieron nuevamente en París con Bories y su equipo para avanzar en los intercambios que facilitaron el progreso de la obra hacia su inauguración.