Zuñiga indicó que solo obedeció a Luis Arce y reveló que el Gobierno supervisó cada detalle del falso Golpe de Estado.
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Desde la cárcel de El Abra, en Cochabamba, el general retirado Juan José Zúñiga rompió el silencio. El excomandante del Ejército afirmó que no hubo ningún intento de golpe de Estado el 26 de junio de 2024, sino una operación planificada y dirigida por el Gobierno. Según su versión, tanto él como los demás militares procesados simplemente cumplieron órdenes directas del mandatario para movilizar tropas, en medio de un escenario de tensión social que amenazaba con desbordarse.
Zúñiga relató que el domingo 23 de junio, mientras participaba en una actividad deportiva en un colegio de La Paz, Arce le dio instrucciones específicas. El presidente, preocupado por los bloqueos de caminos y una inminente paralización en el altiplano, le ordenó movilizar vehículos blindados. Según cuenta, la orden fue: "Traé los tanques, traé los blindados, tienen que llegar antes de que empiecen los bloqueos a medianoche".
Asegura que no tuvo tiempo de cambiarse de ropa y que convocó de inmediato al Estado Mayor del Ejército para ejecutar la orden. La operación se puso en marcha con celeridad. Zúñiga llamó a los jefes de Inteligencia, Logística, Operaciones y Comunicación, transmitiéndoles la instrucción presidencial.
¿Actuaron por órdenes de Luis Arce?
Zuñiga indicó que solo obedeció al presidente
Afirma que ningún militar objetó la orden, y que todos entendieron que se trataba de una acción preventiva ante una semana que el propio Arce calificó como “crítica” para su gestión. El general detalló que el material bélico se movilizó por separado para no generar alarma, el presidente era el único autorizado para ordenar esos movimientos.
En los días previos a la movilización, el general asegura que hubo múltiples reuniones con autoridades de alto nivel del entorno presidencial. Una se realizó en el piso 22 de la Casa Grande del Pueblo en la que Zúñiga se encontró con María Nela Prada, Edmundo Novillo y Hugo Moldiz. En esa reunión, se discutió el relevo del Alto Mando Militar y la necesidad de un respaldo de las Fuerzas Armadas ante los conflictos venideros.
Zúñiga insiste en que jamás existió la intención de tomar el poder. Ironizó con que si hubiera querido ejecutar un verdadero golpe, lo habría hecho de madrugada y con estrategia militar, no con apenas quince tanquetas visibles a plena luz del día. Cuestionó la narrativa oficial, sostuvo que todo fue un montaje cuidadosamente dirigido para elevar la imagen de Arce y reprimir voces opositoras con el pretexto de un intento fallido de asonada.
¿El documental solo es un montaje?
La abogada de Zuñiga, Silvia Tapia descalifico el documental
En la misma línea, la defensa del general se refirió al documental “¿Qué pasó el 26J?”, presentado por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. En dicho material audiovisual, el Ejecutivo acusa a Zúñiga de haber conformado un supuesto gabinete civil alterno con figuras públicas conocidas. El militar negó conocer a la mayoría de las personas mencionadas, calificó el contenido del documental como un “montaje cinematográfico” sin base en hechos reales.
La abogada Silvia Tapia, representante legal de Zúñiga, calificó como “imaginario” al gabinete alterno difundido por el Gobierno. Aseguró que su cliente se sorprendió al ver los nombres y que no tiene ningún tipo de relación con quienes fueron vinculados como parte del presunto equipo ministerial del golpe. “No existe una relación personal, profesional ni ideológica entre el general y esas personas, es un invento sin fundamentos”, dijo la jurista.
Sergio Castro, excapitán del grupo militar “Los Pachajchos”, también brindó declaraciones clave en defensa de Zúñiga. Afirmó que el general nunca conspiró contra el Gobierno, sino que cumplió con las órdenes del presidente. Castro mencionó que Luis Fernando Rodríguez Ureña (cercano a Arce) superviso la ejecución de las órdenes y cuestionó que hasta ahora no haya sido citado por la Fiscalía.
Zuñiga denunció que existe un “verdugo” político que busca perseguir y encarcelar a militares, ciudadanos sin pruebas reales para permitirle al Gobierno mantener el poder. Asegura que el caso ha sido utilizado para eliminar adversarios políticos, humillar a las Fuerzas Armadas y sembrar el miedo en la población, bajo la fachada de proteger la democracia.
El ministro de Justicia, César Siles, señaló que las declaraciones de Zuñiga no tienen valor legal, recordó que ya declaró tres veces ante la Fiscalía. A pesar de ello, el general insiste en que su testimonio ha sido ignorado y que su condena fue determinada desde el primer día, sin derecho a una defensa justa. “No escucharon mi verdad, me humillaron, me pisotearon”, expresó.
¿El masismo necesitaba un golpe de Estado?
El masismo planeó el autogolpe
Para Zúñiga, lo ocurrido el 26 de junio fue el resultado de un cálculo político y no una acción militar desestabilizadora. Dice que el Gobierno necesitaba subir su popularidad en medio de una crisis interna, enfrentamientos con organizaciones sociales y protestas por la situación económica. “Ellos querían un choque con la Policía, con los movimientos sociales, para victimizarse y aparecer como mártires de la democracia”, denunció.
El general relató que el 24 de junio recibió llamadas de dos figuras clave del entorno presidencial, quienes le preguntaron si sus “fierros” habían llegado. Se comunicó constantemente con Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez e incluso estos participaban en reuniones estratégicas junto a otros altos mandos militares. Para Zúñiga, eso demuestra que el Gobierno estaba al tanto de cada paso y no puede alegar sorpresa ni desconocimiento.
En las últimas semanas, varias personas mencionadas como parte del supuesto gabinete civil negaron públicamente cualquier vinculación con Zúñiga. Entre ellos, los economistas Gonzalo Chávez y Jaime Dunn, el abogado Jorge Valda y otros profesionales que también manifestaron su rechazo a las acusaciones. La defensa del general afirma que estos señalamientos solo confirman la naturaleza política del caso y la necesidad del Gobierno de construir enemigos ficticios.
Zúñiga se considera un preso político y exige justicia no solo para él, sino para todos los militares encarcelados. Asegura que su único error fue cumplir una orden directa del presidente en un contexto de emergencia.
Sostiene que la verdad saldrá a la luz y la historia juzgará a quienes usaron el poder para destruir reputaciones y dividir al país. “No hubo golpe, hubo un montaje y los que obedecimos ahora estamos tras las rejas”, concluyó.
