La política progresista heredada que hoy pone en riesgo a 300 familias en La Calera

Ese riesgo, hoy, es más concreto que nunca. El fenómeno de El Niño ya está activo, y especialistas y organismos meteorológicos prevén para Córdoba lluvias por encima de lo normal durante la primavera y el verano. Con más lluvias, es muy probable que el Suquía crezca, y esas crecidas pueden afectar o incluso llevarse algunas de las viviendas construidas en su margen.

Sin embargo, durante los últimos años, la política nacional hacia estas familias fue la contraria a la que indicaba el sentido común. A través del RENABAP, el Estado Nacional relevó a los vecinos asentados sobre la ribera del Suquía y, en lugar de acompañarlos hacia terrenos seguros, les otorgó certificados de domicilio, acceso a servicios y subsidios para mejorar sus casas. Con la bandera de ayudar a los barrios populares, se terminó consolidando a cientos de familias en uno de los lugares más peligrosos de la ciudad.

Una política impulsada por la gestión kirchnerista

Esas certificaciones y subsidios se otorgaron durante los años de la gestión kirchnerista, antes de que asumiera el actual Gobierno nacional de Javier Milei, que hoy hereda en el territorio una situación de riesgo ya consolidada.

La respuesta de la Municipalidad de La Calera

Frente a esta situación, la Municipalidad de La Calera decidió actuar. Por instrucción del intendente Fernando Rambaldi, equipos municipales están llevando adelante un censo casa por casa de las familias que viven en la zona, para informarles del peligro al que están expuestas e indicarles hacia dónde deben evacuar en caso de una crecida.

Además, el municipio notificó formalmente al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), la situación de estos vecinos, para que el organismo pueda tomar las medidas necesarias para resguardar su seguridad.

Este caso muestra algo que se repite con frecuencia: el buenismo bien intencionado del progresismo muchas veces termina generando resultados mucho peores que los problemas que pretendía resolver. La decisión correcta era evitar la ocupación de esos terrenos o acompañar a las familias hacia lugares seguros. En cambio, se destinaron recursos públicos a que se quedaran donde nunca debieron estar, y hoy son esas mismas familias las que pagan el costo.