En un hecho sin precedentes que sacude los cimientos institucionales de Israel, el primer ministro derechista Benjamin Netanyahu y el partido Likud formalizaron una denuncia por un fraude electoral perpetrado durante los últimos comicios parlamentarios. A través de un severo comunicado oficial, el Likud sentenció que "las elecciones en el Estado de Israel fueron robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la eliminación del Estado judío a través de graves delitos penales de soborno, amenazas, violencia, falsificaciones y el uso de software prohibido para movilizar votantes". Esta maniobra delictiva fue calificada por el liderazgo del gobierno como "un grave golpe a la democracia israelí y a los derechos de voto de los ciudadanos israelíes".
El contexto parlamentario evidencia la trascendencia de la denuncia: con más del 85 por ciento de los votos escrutados, el bloque de derecha encabezado por Benjamin Netanyahu se proyecta como el vencedor de la jornada con 53 escaños en la Knesset de 120 miembros, superando a la coalición de su principal rival, Gadi Eisenkot, que obtiene 48 escaños. Sin embargo, al no alcanzar ninguno de los bloques la mayoría absoluta de 61 escaños, las agrupaciones árabes Ra'am y la Lista Conjunta alcanzaron una cifra histórica sin precedentes de 19 escaños —un salto drástico comparado con los 5 escaños que poseían anteriormente—, pretendiendo erigirse ilegítimamente como árbitros en la formación del próximo gobierno.
