Durante su visita oficial a Italia y en el marco del seminario que conmemora los 50 años la muerte de Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo por primera vez una acusación pública directa contra el régimen de Nicolás Maduro por su implicación en el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
En un discurso ofrecido frente al presidente italiano Sergio Mattarella, Boric señaló que ''las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente'', y citó explícitamente el caso de Ojeda: ''En Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria''.
El pronunciamiento del mandatario chileno se alinea con la hipótesis principal que maneja la justicia chilena, según la cual el asesinato de Ojeda habría sido ordenado desde las altas esferas políticas y militares del gobierno venezolano.
El fiscal chileno Héctor Barros ha señalado que existen ''antecedentes claros'' que apuntan directamente a Diosdado Cabello como autor intelectual del crimen, aunque subrayó que aún se requiere mayor evidencia para formalizar una acusación.
Ronald Ojeda, de 32 años, había escapado de una prisión venezolana tras ser arrestado por su oposición al régimen chavista. En Chile, donde residía como asilado político, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por individuos que se hicieron pasar por policías.
Diez días después, su cuerpo fue encontrado dentro de una valija enterrada bajo cemento en una zona periférica de Santiago. La Fiscalía descartó vínculos con el crimen organizado chileno y atribuyó el móvil del asesinato a razones políticas.
El caso ha tensado aún más las ya deterioradas relaciones entre Chile y Venezuela. Boric ha respaldado el trabajo del Ministerio Público y no ha descartado acudir a la Corte Penal Internacional si se confirma la participación directa del gobierno venezolano. Desde Caracas, el fiscal general Tarek William Saab ha acusado a la Fiscalía chilena de manipular el caso para perjudicar políticamente al gobierno de Maduro.
