Un tribunal federal de apelaciones devolvió la autoridad al ejecutivo estadounidense tras el fallo de un tribunal inferior que bloqueaba la orden de Trump.
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El jueves, un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente una orden previa que anulaba la mayoría de los aranceles comerciales impuestos por el presidente Donald Trump.
La medida fue adoptada por un panel de 11 jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, deteniendo el fallo del Tribunal de Comercio Internacional con sede en Manhattan mientras se resuelve la apelación presentada por la Casa Blanca.
El tribunal de comercio había determinado que Trump ''excedió su autoridad'' al aplicar una tarifa fija del 10% a docenas de países, así como aranceles del 25% a Canadá y México, y del 20% a China, en respuesta al tráfico ilegal de fentanilo.
La decisión también ordenaba reducir en 6,7 puntos porcentuales los aranceles existentes y daba al gobierno 10 días para revertirlos.
Un fallo anterior desestimaba la autoridad presidencial de aplicar derechos de importación para frenar la entrada de drogas y reducir el déficit fiscal
Trump criticó duramente el fallo, calificándolo como ''horrible'' y una amenaza al poder presidencial. En una publicación de 510 palabras en Truth Social, cuestionó la legitimidad de los jueces y advirtió que miles de millones de dólares estarían en juego si el fallo se mantiene. Expresó su deseo de que la Corte Suprema intervenga ''rápida y decisivamente''.
El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, minimizó el impacto del fallo judicial en las negociaciones internacionales, alegando que el presidente aún posee amplias facultades para imponer aranceles bajo otras leyes. Navarro enfatizó que muchos países siguen negociando ''de buena fe'' con Estados Unidos, pese a la incertidumbre jurídica.
La Casa Blanca, además, amenazó con acudir a la Corte Suprema si no se otorgaba una suspensión inmediata del fallo. La portavoz Karoline Leavitt acusó a los jueces de abusar descaradamente de su poder e interferir con el mandato del pueblo estadounidense. También advirtió que el fallo perjudicaría la credibilidad de Estados Unidos en el ámbito internacional.
El consejero presidencial aclaró que el presidente aún cuenta con herramientas para imponer aranceles
El secretario del Tesoro, Scott Bessent,calificó de ''altamente inapropiado'' el fallo judicial, argumentando que el Senado tuvo la oportunidad de intervenir y no lo hizo. Sostuvo que es el presidente quien debe liderar la política comercial del país, y que los ingresos por aranceles son una fuente ''sustancial'' para el Tesoro estadounidense.
Los analistas financieros destacaron que, a pesar del fallo, Trump aún puede mantener muchos de sus aranceles mediante otras normativas. Los derechos sobre acero, aluminio y automóviles, por ejemplo, están respaldadas por la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que permite al presidente actuar en nombre de la seguridad nacional.
Según Morgan Stanley, aunque el fallo representa un obstáculo legal, el impacto económico podría ser limitado debido a las múltiples herramientas legales disponibles para el Ejecutivo.
Bessent señaló que el presidente debe estar al mando de la política comercial del país.
