El país nórdico se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se haya descubierto un plan de financiación en Chile a comunidades indígenas, afectando a la industria de las salmoneras.
Una gran polémica por el financiamiento extranjero a comunidades indígenas en el sur de Chile escaló con fuerza en el Congreso luego de que un reportaje revelara el traspaso de más de 500 de dólares millones desde Noruega hacia organizaciones lafkenche, a través de la ONG ''Norwegian People’s Aid''. El eje de la controversia estuvo en el uso de estos recursos, que habrían servido para impulsar solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), figura contemplada en la ''Ley Lafkenche'' (Ley 20.249).
El foco del debate se centró en las consecuencias prácticas de este mecanismo. Mientras una solicitud de ECMPO permanecía en trámite, se suspendían otras concesiones en la zona, incluidas aquellas vinculadas a la industria salmonera. Este efecto generó una inmensa preocupación en un sector considerado estratégico para la economía chilena, especialmente dado que el país compite directamente con Noruega como uno de los principales productores de salmón a nivel global.
En ese contexto, surgieron cuestionamientos sobre el impacto indirecto del financiamiento extranjero. Diversos actores plantearon que, aunque los recursos se canalizaron a través de una organización no gubernamental, su utilización ha contribuido a ralentizar el desarrollo de proyectos productivos locales, lo que potencialmente favorecía a un competidor internacional. Estas críticas no solo apuntaron al origen de los fondos, sino también a la falta de mecanismos de control más estrictos sobre aportes internacionales en áreas sensibles.
Noruega transfirió a través de una ONG más de 500 millones de dólares a comunidades indígenas en Chile para desincentivar la industria de las salmoneras
La reacción política fue inmediata. El diputado Alejandro Bernales, en su calidad de presidente de la Comisión de Pesca, anunció la citación de autoridades con el objetivo de esclarecer el destino de los recursos y determinar si existían irregularidades.
Advirtió que, de comprobarse un uso indebido de los fondos, podrían derivarse responsabilidades legales. Desde la oposición, parlamentarios de sectores como la UDI y RN calificaron la situación como una ''intromisión inaceptable'' y plantearon la necesidad de revisar, e incluso derogar, la ''Ley Lafkenche''.
El debate también reabrió la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo económico y los derechos indígenas. Mientras los críticos sostienen que la normativa ha derivado en bloqueos prolongados de inversiones, desde el ahora ex gobierno de Boric, defendieron su relevancia para la protección de ecosistemas marinos y territorios ancestrales. En esa línea, la diputada comunista Nathalie Castillo subrayó la importancia de resguardar estos espacios y cuestionó los intentos de retroceder en materia ambiental.
El ex gobierno comunista de Boric defendió a las comunidades indígenas y destacó que la financiación es vital para su subsistencia
En medio de la controversia, el embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, descartó cualquier tipo de injerencia estatal. Explicó que el proyecto se había desarrollado entre 2004 y 2014, y que no representaba la política actual de su país.
Asimismo, enfatizó que en Noruega las organizaciones de la sociedad civil podían acceder a financiamiento público para iniciativas internacionales con autonomía respecto del gobierno, y que las decisiones regulatorias correspondían exclusivamente a Chile.
A pesar de estas aclaraciones, la discusión no se disipó. Aún persisten las dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos y sobre los efectos concretos que este tipo de financiamiento podía tener en sectores económicos estratégicos. En paralelo, se instaló con fuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre las ONG que reciben aportes desde el extranjero.
El caso dejó en evidencia una fuerte tensión de fondo entre la soberanía regulatoria, la cooperación internacional y el desarrollo productivo. Mientras el Ejecutivo de Kast y el Congreso evaluaban posibles medidas, la controversia continuó alimentando un debate más amplio sobre cómo compatibilizar la protección de los derechos indígenas y el medio ambiente con la necesidad de mantener reglas claras para la inversión y la competencia en mercados globales.
El embajador de Noruega en Chile negó cualquier tipo de participación del estado en la financiación a los lafkenches
