Se sumarían a las cuatro unidades médicas, vinculadas a un contratista afín a morena.
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En medio de la polémica por la exhibida en cadena nacional de la senadora Chávez por una caravana de salud financiada con dinero de dudosa procedencia, la morenista sigue dando de qué hablar.
Esta vez, se trata de un consultorio médico próximo a inaugurarse en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua.
Son cuatro unidades médicas las que según Chávez, conforman su caravana de salud.
Consultorios del Bienestar
Así, Chávez intensifica su presencia en el estado. Lo anterior, mediante la inauguración de los "Consultorios del Bienestar", centros de atención médica que se suman a las caravanas de salud previamente implementadas.
Estas iniciativas han generado controversia debido a su posible uso con fines de promoción personal y a su financiación por parte de FMedical, empresa vinculada a Fernando Padilla Farfán.
Conocido por su cercanía al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Según la información disponible, será el lunes 24 de marzo de 2025, cuando se inaugure este consultorio en Guadalupe y Calvo, entre las calles Sebastián Lerdo y Zaragoza Norte.
La empresa dueña de las unidades médicas ha sido favorecida con contratos por parte de Adán Augusto López.
Reacciones de la oposición
La fachada del establecimiento, al igual que la caravana médica, exhibe el nombre y rostro de la senadora Chávez.
Esto ha suscitado críticas por parte de la oposición, que acusa a la legisladora de utilizar recursos públicos y privados para su promoción personal.
Además, figuras políticas como el expresidente Felipe Calderón han acusado a Chávez de cometer delitos electorales.
Lo anterior, por promocionar su imagen fuera de los tiempos establecidos por la ley, además de cuestionar la legalidad de las unidades médicas que operan sin pagar impuestos.
El expresidente Calderón, no se guardó nada contra la senadora Chávez.
La rendición de cuentas como necesidad imperante
La inauguración de los "Consultorios del Bienestar" por parte de la senadora Andrea Chávez ha generado un debate sobre la delgada línea entre la promoción de servicios públicos y la promoción personal con fines electorales.
La vinculación con empresas cercanas a figuras políticas de alto nivel añade complejidad al asunto, resaltando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos destinados al bienestar social.
