Operativo de la Guardia Nacional en 2024 reveló actividades criminales en el Rancho Izaguirre
Después del hallazgo de marzo de 2025, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, anunció una investigación. El objetivo es determinar si hubo omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco en el caso.
En septiembre de 2024, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaron un operativo en el Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco. Durante la intervención, las autoridades detuvieron a 10 presuntos plagiarios y rescataron a dos personas privadas de su libertad. Además, encontraron el cuerpo sin vida de una víctima.
El operativo también permitió el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, una granada de mano, placas balísticas, chalecos tácticos y vehículos. Todo esto evidenció la existencia de un centro de adiestramiento y actividades ilícitas en el lugar.
El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recibió una denuncia anónima sobre el mismo predio. Al acudir al lugar, encontraron tres crematorios clandestinos, restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir. También hallaron calzado y otros objetos personales.
Estos hallazgos sugieren que el sitio funcionaba como un centro de exterminio operado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Gertz cuestionó por qué un sitio de tal magnitud no fue identificado y desmantelado en su totalidad en 2024. También señaló posibles fallos en la supervisión y acción de las autoridades locales.
Por su parte, la Fiscalía de Jalisco admitió que el predio fue asegurado en 2024. Sin embargo, no detectaron la existencia de los crematorios ni la magnitud de las actividades ilícitas. Actualmente, han iniciado una investigación interna para deslindar responsabilidades.
El Gobierno Federal, a través de la Guardia Nacional y el Ejército, conocía las actividades ilícitas en el Rancho Izaguirre desde septiembre de 2024. A pesar de esto, no actuaron con mayor contundencia para desmantelar completamente el centro de exterminio. Esta omisión plantea serias dudas sobre la eficacia y compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.
Es urgente que se realicen investigaciones exhaustivas. También es necesario fincar responsabilidades a quienes, por acción u omisión, permitieron que este centro de exterminio continuara operando. Su existencia ha afectado la vida de innumerables personas y sus familias.
