La Nación pondrá a subasta un terreno de 2.796 m2 en Humberto Primo y Tucumán, Córdoba capital, como parte de un plan nacional. Este es el primer inmueble cordobés dentro de la iniciativa de desprenderse de 400 propiedades estatales en todo el país. El lote pertenece al Estado desde 2005 y está bajo la órbita de Arca, adquirido con la intención de construir oficinas que nunca se concretaron.
El terreno está a 50 metros de la sede principal de Epec, a 100 metros del edificio de Naranja X y cerca de la costanera. Según el pliego, se encuentra desocupado, en estado regular de conservación y en una zona con edificios residenciales, comercios y oficinas públicas. El Tribunal de Tasaciones calculó una capacidad constructiva de 18.508 m2, apta para viviendas, oficinas y locales comerciales, aumentando su atractivo.
La superficie total del lote es de 2.796 m2, con 121 m2 cubiertos y 20 m2 semicubiertos, y el precio base es U$S 1.104.313. Cada oferta debe superar el mínimo de incremento de U$S 16.600, según establece la subasta pública 392-0062-SPU25 de la AABE. La venta se realizará electrónicamente a través de Subast.Ar el 6 de octubre a las 14, con inscripción cerrando el 29 de septiembre.
El gobierno de Milei anunció en 2024 la venta de 400 propiedades en todo el país, incluyendo cuatro ubicadas en Córdoba. Entre ellas se encuentra un terreno céntrico en la esquina de Humberto Primo y Tucumán, y tres lotes en Malagueño a la vera de la autopista Córdoba-Carlos Paz. En estos terrenos funcionan actualmente la Sociedad Rural de Córdoba, el Mercado Cooperativa San Miguel y varias viviendas de familias asentadas en expropiedades del Ejército.
Requisitos y beneficios del remate para el adjudicatario
El comprador deberá ejecutar obras permanentes equivalentes al 80% de la superficie constructiva habilitada en un plazo máximo de 96 meses. Se exige un pago inicial del 10% dentro de los 15 días posteriores a la adjudicación y un 10% adicional a los 30 días. El saldo restante se abonará en un plazo de 60 días, y el adjudicatario deberá asumir la remediación ambiental y mantener indemne al Estado.
