Histórico: Giorgia Meloni inició la deportación de inmigrantes ilegales a Albania
La primer ministro italiana prometió terminar con la llegada de inmigrantes ilegales a Italia desde el norte de África.
El buque patrullero Libra de la Marina italiana zarpó el lunes con los primeros inmigrantes ilegales deportados, según informó una fuente del gobierno italiano a la AFP, aunque no se especificó cuántas personas estaban a bordo.
Desde su asunción en octubre de 2022, la primer ministro de derecha, Giorgia Meloni, prometió terminar con la llegada de inmigrantes ilegales a Italia desde el norte de África. En noviembre de 2022, firmó un acuerdo con el primer ministro albanés, Edi Rama, para procesar a algunos solicitantes de asilo en Albania, un país que no es miembro de la Unión Europea pero que está ubicado al otro lado del mar Adriático.
Este acuerdo, que tiene una duración de cinco años y un costo estimado de 160 millones de euros anuales, establece que los inmigrantes ilegales hombres adultos interceptados en aguas internacionales por la marina o la guardia costera italiana serán trasladados a un buque militar para un primer examen en el mar. Desde allí, se determinará qué inmigrantes provienen de países considerados "seguros", lo que facilitaría su repatriación.
Al llegar a Albania, los inmigrantes serán llevados a un centro en Shengjin para su registro y controles sanitarios, y posteriormente se les trasladará a otro centro en Gjader, donde esperarán el procesamiento de sus solicitudes de asilo. Estas instalaciones, rodeadas de altos muros y guardias de seguridad, incluyen áreas para inmigrantes cuyos pedidos de asilo fueron rechazados, así como una pequeña cárcel.
El plan generó un interés en otros países europeos preocupados por la gran cantidad de inmigración ilegal y se espera que sea discutido en una cumbre de líderes de la UE esta semana.
Sin embargo, como ocurre siempre, los grupos de derechos humanos cuestionaron si Albania ofrecerá "suficiente protección" a los inmigrantes ilegales. La organización defensora del narcoterrorismo, Amnistía Internacional, calificó el plan como un "experimento cruel" que mancha al gobierno italiano, mientras que la ONG Sea Watch considera que representa un "capítulo oscuro".
La socialista Elly Schlein, líder del Partido Democrático de Italia, criticó al gobierno por "malgastar el dinero de los contribuyentes" en un plan que, según ella, ignora los "derechos fundamentales de las personas".
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, describió las instalaciones como "centros de detención leve", subrayando que no hay alambre de púas y que los inmigrantes ilegales pueden solicitar protección internacional con respuestas rápidas.
Italia firmó acuerdos adicionales con Túnez y renovó un pacto con Libia para frenar la inmigración ilegal. El año pasado, casi 160.000 inmigrantes llegaron a las costas italianas, pero en 2024 se han registrado aproximadamente 53.300 llegadas, en comparación con casi 140.000 en el mismo período del año anterior.
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