Mafia sindical cordobesa: el SUOEM paralizó el predio de basura y fue denunciado

Con métodos extorsivos el gremio SUOEM bloqueó este lunes el acceso principal al predio de disposición final de residuos Piedras Blancas. La protesta duró dos horas y fue presentada como una “asamblea sorpresa”. Sin embargo, en la práctica esto implicó una paralización total del servicio de recolección y disposición de residuos en Córdoba y varias localidades vecinas.

La empresa Cormecor, junto a la Municipalidad y el Ente Metropolitano, presentó una denuncia penal contra el sindicato. La presentación fue realizada en la Unidad Judicial N° 23, a raíz de una medida sindical que dejó expuesta una vez más la lógica mafiosa del gremio municipal.

Bajo el pretexto de “visibilizar reclamos”, un numeroso grupo de afiliados, encabezados por el secretario gremial Marcos Moyano, interrumpió deliberadamente una prestación esencial. La acción generó una fila de camiones recolectores sobre la ruta 36, congestionando el tránsito y exponiendo a trabajadores y conductores a riesgos graves.

Desde Cormecor calificaron la maniobra como una “perturbación ilegítima de la posesión del inmueble”, ejecutada sin aviso ni amparo legal alguno. “Constituye una acción directa abusiva, arbitraria, antisocial y con efectos jurídicos lesivos”, señalaron en la denuncia presentada por su presidenta, Constanza Mias. Además, subrayaron que el accionar del gremio se aparta claramente del marco constitucional del derecho a huelga.

Un acto mafioso con consecuencias reales

El bloqueo no sólo obstruyó el ingreso al predio, sino que interrumpió funciones críticas como el pesaje, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos. Esta interrupción generó condiciones de altísimo riesgo sanitario y ambiental. Camiones detenidos bajo el sol, residuos en proceso de descomposición y emisiones contaminantes innecesarias marcaron la jornada.

La denuncia detalla cómo se multiplicaron las consecuencias negativas del accionar sindical. “Hubo congestión vehicular, maniobras forzadas de maquinaria pesada sobre banquinas y márgenes de la ruta nacional”, advirtieron desde la empresa. Estas condiciones, afirman, “pusieron en peligro la seguridad vial y la integridad física de trabajadores y terceros”.

Cormecor también hizo foco en el daño ambiental directo. La prolongada detención de camiones generó “una innecesaria emisión de gases contaminantes”, además del riesgo de descomposición prematura de los residuos transportados. La situación, según el texto de la denuncia, configuró un “perjuicio ambiental concreto y un atentado al derecho colectivo a un ambiente sano”.

Extorsión disfrazada de reclamo

Como viene ocurriendo desde hace tiempo, el SUOEM volvió a utilizar los servicios públicos esenciales como rehenes de sus intereses corporativos. En esta ocasión, los reclamos incluyeron demandas de revisión de políticas laborales, mejoras salariales y estabilidad en los puestos de trabajo. Sin embargo, los métodos adoptados distan mucho de ser legítimos o civilizados.

El gremio no informó previamente sobre la medida, ni ofreció una vía institucional para resolver sus quejas. Por el contrario, optó por una acción de hecho violenta y desproporcionada, afectando directamente a miles de vecinos. “Fue una paralización abrupta e injustificada”, sintetizó la denuncia oficial.

La impunidad con la que el SUOEM actúa una y otra vez expone la necesidad urgente de limitar el poder desmedido de las mafias sindicales. Nadie está por encima de la ley, y mucho menos quienes, bajo la bandera del derecho laboral, ejercen la coerción como herramienta política. La respuesta judicial debe ser firme, clara y ejemplificadora.

La ciudad como rehén de un gremio chantajista

No es la primera vez que el gremio municipal utiliza estrategias de presión que rozan lo delictivo. Cada conflicto, cada reclamo, se convierte en una excusa para interrumpir servicios, perjudicar a los vecinos y sembrar el caos. 

El ataque a Piedras Blancas no sólo muestra desprecio por el ambiente, sino también por los ciudadanos que pagan sus impuestos para recibir servicios básicos. La lógica sindical del SUOEM responde más a la de una organización corporativa con fines de poder que a la defensa real de los trabajadores.

La denuncia penal presentada por la Municipalidad y Cormecor es un primer paso. Pero no alcanza con denunciar, sino que hay que actuar con decisión contra toda acción mafiosa de la casta sindical. Cuando los servicios públicos se transforman en un campo de batalla gremial, los únicos que pierden son los ciudadanos.