El municipio demora la publicación de la ordenanza que regula las apps de transporte

Demoras con una excusa que simula ser una explicación

Fuentes municipales señalaron que la demora responde a una revisión técnica del sistema de registro digital antes de la publicación. Según trascendió, el Ejecutivo habría invitado a las empresas a revisar los requisitos administrativos, lo que dilató los plazos. Sin embargo, no se informó una fecha concreta para la entrada en vigencia de la norma.

La indefinición genera malestar entre los conductores que operan con apps, quienes reclaman seguridad jurídica y condiciones estables para trabajar. En la práctica, el servicio continúa funcionando sin respaldo legal, lo que facilita controles arbitrarios y sanciones dispares. Mientras tanto, los usuarios carecen de garantías mínimas frente a eventuales conflictos.

El municipio se encuentra entre presiones opuestas: de un lado, las plataformas que piden reglas claras; del otro, el gremio de taxis que busca mantener sus privilegios históricos. La pasividad del Ejecutivo agrava la tensión y deja a la ciudad atrapada entre la burocracia y la presión sindical extorsiva.

El gremio de taxis, en su laberinto judicial

El Sindicato de Peones de Taxi intentó frenar la ordenanza mediante un amparo, pero la Justicia rechazó la presentación por inadmisible. La Cámara Contencioso Administrativa consideró que no existía un daño directo ni un perjuicio actual que justificara esa vía. El fallo dejó en evidencia la falta de fundamentos jurídicos sólidos detrás del insólito reclamo gremial.

El gremio alega “competencia desleal”, aunque omite que las plataformas generan empleo flexible y amplían la oferta para los usuarios. Los taxistas, en cambio, pretenden sostener un monopolio basado en un modelo obsoleto que ya no responde a las necesidades actuales. Insisten en frenar la innovación en lugar de adaptarse a un mercado más dinámico.

Además, las denuncias por precarización laboral suenan contradictorias cuando el propio sector mantiene a muchos choferes bajo esquemas informales. Las aplicaciones ofrecen transparencia en tarifas, trazabilidad del viaje y evaluación del servicio, mientras el sistema tradicional sigue sin garantizar estándares mínimos de calidad.

Una ciudad detenida por la falta de decisión política

La ordenanza fijó requisitos claros para choferes y vehículos, incluyendo seguros, ITV y licencias profesionales. Incluso incorporó mecanismos de control como el código QR visible en los autos para validar la habilitación. Sin embargo, nada de eso puede aplicarse mientras el Ejecutivo mantenga la norma guardada en un cajón.

La falta de publicación no solo retrasa un marco regulatorio moderno, sino que perpetúa la informalidad y la discrecionalidad estatal. Córdoba necesita previsibilidad, no excusas administrativas que encubren decisiones políticas. Cada día que pasa sin reglamentar, el municipio convalida un vacío legal que perjudica a todos.

El desafío ahora es definir si la ciudad avanzará hacia un esquema de transporte abierto, transparente y controlado, o si seguirá cautiva de intereses corporativos. Mientras tanto, los usuarios siguen eligiendo las aplicaciones, demostrando que la modernidad avanza incluso cuando la política se resiste.

El Concejo Deliberante aprobó hace casi ya dos meses la ordenanza que regula el uso de aplicaciones de transporte en Córdoba, pero el Ejecutivo sigue aún sin publicarla. La demora impide que la norma entre en vigencia y deja a miles de choferes y usuarios en un limbo legal. Los concejales radicales reclamaron que se cumpla con la Carta Orgánica y se respete el principio de publicidad de los actos de gobierno.

Desde la oposición advierten que la falta de reglamentación no solo vulnera la transparencia institucional, sino que también frena un servicio que ya funciona en la práctica en la ciudad. Argumentan que el municipio no puede seguir administrando con discrecionalidad una medida aprobada democráticamente. “La ordenanza fue votada y ahora debe aplicarse”, remarcaron los ediles.

El texto aprobado por el Concejo crea la figura del “Servicio Privado de Interés Público de Transporte” para regular el trabajo mediante plataformas. La norma busca establecer reglas claras y un marco legal moderno, aunque la inacción del Ejecutivo neutraliza ese avance. Córdoba sigue así con una legislación a medias que no beneficia a nadie.