En medio de un clima de tensión por las violentas tomas en las distintas universidades nacionales debido al veto del presidente Javier Milei, que logró evitar la quiebra del Estado, los militantes de extrema izquierda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron la toma de la institución.
A pesar de que el fallido objetivo de los extremistas era que el Congreso revierta el veto a la ley de financiamiento universitario, ahora estas acciones violentas lo único que hacen es complicar aún más la situación y afectar a miles de alumnos que no pueden acceder a sus clases o rendir parciales de manera normal.
El derecho a la educación queda en segundo plano ante medidas que no solo generan caos, sino que también deterioran el estado de las instalaciones universitarias.
Estas medidas dificultan el debate y ponen en riesgo la integridad del sistema educativo, en lugar de ofrecer soluciones concretas. Las tomas de las facultades, lejos de ser una solución efectiva, lo que genera es más conflictos.
La diputada de extrema izquierda y antisemita, Vanina Biasi, que quedó imputada por promover el odio, realizó una publicación respecto a la toma de la Facultad de Derecho de la UBA.
"Se acaba de votar la toma por tiempo indeterminado en la Facultad de Derecho - UBA en una asamblea masiva y autoconvocada de estudiantes, sobrepasando a la Franja Morada / UCR. Que viva el movimiento educativo!", festejó la defensora del terrorismo islámico.
En el mismo sentido, el próximo miércoles la izquierda realizará una asamblea en la Facultad de Economía de la UBA para votar una posible toma de la institución.
En contra de los estudiantes
Ya existen numerosos casos como para afirmar que los militantes de izquierda que impulsan la toma de las instituciones les importa todo menos la educación de los estudiantes.
El caso más reciente es el episodio ocurrido en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), en donde terroristas de izquierda, pertenecientes al Partido Obrero y a la agrupación "Descamisados", fueron denunciados por amenazar de muerte a estudiantes que se niegan a participar en la ilegal toma de la institución.
La situación, que comenzó con una asamblea el pasado 9 de octubre, escaló a un conflicto más grande, en el que aquellos que no apoyan las "medidas de protesta" temen por su integridad física.
La denuncia fue presentada ante la Superintendencia de Investigaciones Federales, División Delitos Constitucionales, fue intervenida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti.
Según la información proporcionada en la denuncia, las amenazas surgieron luego de que un grupo de militantes exigiera la aprobación de la toma de la universidad mediante una asamblea, obligando a los presentes a levantar la mano a favor de la medida.
El relato de la víctima, un estudiante de la UNPAZ, es preocupante. "El Partido Obrero y otros de izquierda llevan días amenazando a los alumnos. Nos dicen que no vamos a poder caminar por la calle si no apoyamos la toma."
"Quieren arruinarnos las clases y jodernos la vida", dijo indignado, mencionando que las personas que impulsan la toma y las amenazas son, en su mayoría, militantes que no pertenecen a la institución o que no aprobaron ni una sola materia y que buscan "perjudicar a los que solo queremos estudiar".
Mientras tanto, los alumnos que no están de acuerdo con las acciones de la izquierda viven con miedo, viendo sus derechos vulnerados por aquellos que dicen "defender a los estudiantes" y a la "educación pública".
